Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Este martes 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en un contexto de violencia y crímenes contra periodistas, particularmente en el estado de Veracruz.
Tan sólo en lo que va de la administración estatal que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez van siete comunicadores asesinados.
Como se recordará, el 2 de agosto de 2019, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, de El Gráfico de Xalapa, fue baleado en la localidad La Bocanita, municipio de Actopan.
El 30 de marzo de 2020, María Elena Ferral, de El Diario de Xalapa y de Quinto Poder también fue ejecutada a balazos en Papantla.
Julio Valdivia Rodríguez, de El Mundo de Córdoba, fue asesinado y decapitado el 9 de septiembre de 2020 en la región de Tezonapa.
Jacinto Romero Flores, de Ori Estéreo, también fue ultimado a balazos el 19 de agosto de 2021 en Ixtaczoquitlán.
En 2022, José Luis Gamboa Arenas, de Inforegio Network, fue apuñalado el 10 de enero en el puerto de Veracruz.
También este año, el 9 de mayo, en Cosoleacaque fueron ejecutadas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera.
La lista es amplia, pues otros crímenes contra comunicadores se registraron en las dos pasadas administraciones estatales.
La situación se agudiza, ya que son las mismas autoridades de diferentes niveles de gobierno, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de manera diaria ataca, denosta, se mofa y/o calumnia a periodistas y medios de comunicación.
Como lo señala el ex director de Artículo 19 en México, Darío Ramírez, “sugerir desde la tribuna presidencial que un periodista o medio está en contra de un movimiento o de un grupo amplio de la sociedad coloca al periodista en un mayor grado de vulnerabilidad”.
Y a pesar de los discursos oficiales, no existen garantías que brinden seguridad a los trabajadores de los medios de comunicación para que ejerzan su trabajo de informar.
Además, la violencia contra la prensa se agrava ante la inseguridad e impunidad que afecta a toda la sociedad.
La Federación y los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de brindar un contexto de seguridad, pues de otra manera, se continuará lacerando al periodismo y asesinando a periodistas en México y en Veracruz.
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