Miguel Ángel Gómez Ruiz
Contrapunto
En Veracruz, la justicia tiene un costo y quien paga es el que recibe los beneficios. A jueces y magistrados, principalmente los impuestos por Morena y otros que simpatizan con ese partido, sólo les basta una orden de la jefa, Isabel Romero Cruz, para disponer de la justicia a favor de esos que ofrecen el oro y el moro.
Resulta que en Tuxpan, Martha Elvira Flores, una mujer viuda y que se quedó a cargo de sus hijos, pidió la acción de la justicia, pues su cuñado, Adalberto Núñez Jiménez aprovechó un descuido para legalizar –por así decirlo- la compra de un terreno de cuatro hectáreas.
La mujer acudió a la justicia para denunciar que la compra era ilegal, pues, aunque su esposo ya había fallecido, demostró que ambos se casaron por bienes mancomunados, todo esto a pesar que su cuñado recurrió a todo tipo de ilegalidades para quedarse con un terreno que ni siquiera pagó.
Inclusive, el denunciado, Adalberto Núñez Jiménez, dijo desconocer que la señora Martha Elvira Flores estuviera casada con su hermano, Fernando Enrique Núñez Jiménez a lo que ella respondió con un acta otorgada por la iglesia Santiago Apóstol, de Coatzintla, pues el sujeto olvidó que fue testigo en la ceremonia religiosa.
Sin embargo, a pesar de las pruebas, Héctor Espinoza Espino, juez del juzgado segundo de primera instancia la dejó en total indefensión al negarle la justicia y darle la razón al infractor.
Martha Elvira Flores recurrió a una revisión de la sentencia dictaminada en Tuxpan y su sorpresa fue mayúscula al enterarse que la magistrada Patricia Montelongo Guerrero también le dio la razón al infractor. Es decir, quedó claro que en el Poder Judicial la justicia es para los que pueden comprarla y violentarla a su antojo.
A la denunciante, que ha sufrido violencia de género ante estas decisiones de supuestos aplicadores de la justicia, no le queda más que el recurso de amparo. Ese asunto lo atenderá la magistrada Marisol Barajas Cruz. Cabe esperar que no ocurra lo de siempre, que desde la presidencia vengan las instrucciones y las tácticas dilatorias para perjudicar a la mujer y no darle la razón.
Es curioso que la presidente del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz no presida las sesiones del Consejo de la Judicatura, órgano que sanciona las malas actuaciones de los jueces a lo largo y ancho del estado.
Son varios jueces, cobijados por ella que han hecho y deshecho a su antojo y los ejemplos son muy claros, como los casos de Rogelio Franco Castán, denunciado por un sujeto de la policía Ministerial que se volvió loco de miedo porque supuestamente el político le rasgó su chaleco antibalas o la canallada que le hicieron al amigo del Senador Ricardo Monreal, el exdiputado José Manuel del Río Virgen y muchos casos más en los que se aplica una justicia selectiva.
Nadie, realmente nadie puede negar que la gestión de Isabel Romero Cruz ha sido un fracaso y todo porque desde un inicio permitió que el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez interviniera en un lugar en el que no lo correspondía hacerlo, pues el Poder judicial es ajeno por completo al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la intervención fue tal que se designaron magistrados a gusto del mandatario; ordenó bajar los sueldos de todos los juristas e impuso al personal que le dio la gana y lo que fue peor, muchos que ingresaron a trabajar no tienen ni idea de lo que significa la justicia.
Violencia de género y escándalos
Si bien el tema que ha manejado la directora de Administración del Consejo de la Judicatura, violencia de géneroha sido delicado, hay cosas que debieron atenderse de forma privada, pues siempre existe el riesgo de que no sólo una, sino muchas personas queden exhibidas.
Me refiero al caso de unos medios que se lanzaron contra ella, para juzgarla por un supuesto pasado errático y sobre acciones que dañaban su imagen y la de su familia.
Nada más cobarde que recurrir a esas bajas acciones pues no contribuyen a nada y siempre está el riesgo de que los ataques se intensifiquen.
Y una vez más, no se vale atacar de forma artera, pero algo que sí se debe hacer es investigar para saber si algo se está haciendo mal en el Poder Judicial. Hay personal de allí que ha denunciado un presunto enriquecimiento de Joana Marlén.
Del mismo modo, no ha habido una explicación del por qué se agotaron poco más de mil 600 millones de pesos en septiembre de 2021, más los descuentos aplicados a magistrados y personal de confianza. Sobre gastos excesivos en mobiliario y autos nuevos. Hay mucho qué explicar y por supuesto, eso no debe ofender a la funcionaria, desde luego que no.
PD Han pasado varios meses. Sí, varios meses desde que el gobernador Cuitláhuac García sugiriera –desde el salón Juárez de palacio de gobierno- a Isabel Romero Cruz, la titular del PJEV que se reuniera con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, la más premiada en la historia, para que acordaran algunas acciones, entre ellas, el pago de prestaciones pendientes. Del mismo modo, sobre su despido –ilegal a todas luces- pese a que un decreto legislativo la convirtió en magistrada inamovible. No, hasta ahora, Romero Cruz lo evadió, lo ignoró, lo bateó.
Tampoco se ha resuelto el tema del amparo que ganó el magistrado Marco Antonio Lezama Moo, que ya debería haber sido reinstalado en su despacho, sólo que ha habido una extraña complicidad entre Isabel Romero Cruz y los diputados locales comandados por Juan Javier Gómez Cazarín. A pesar de haber cumplido 70 años, el magistrado debe ser reinstalado pues la justicia no es retroactiva, él tiene que cumplir su encargo, le pese a quien le pese.