Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
En el Congreso del Estado pasó lo que ya se preveía. No hubo sorpresas. Finalmente se aprobó lo que algunos denominan “Ley Nahle”.
Morena hizo uso de su aplanadora para aprobar la reforma a la Constitución de Veracruz por la cual se adiciona la fracción III al artículo 11, que establece que se considera veracruzano a “las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.
Lo que abre la posibilidad de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle García (zacatecana), así como otros políticos, puedan contender por la gubernatura de Veracruz, pero, además, cualquier otra persona no nacida en la entidad podrá ser alcalde, diputado local o federal, senador, magistrado, juez, incluso, titular de cualquier órgano autónomo.
Para que la reforma constitucional se haga efectiva se necesita la aprobación del 50 por ciento más uno de los 212 municipios y tampoco habrá sorpresas, Morena los tiene.
Como datos curiosos. El diputado morenista por Coatepec, Luis Ronaldo Zárate Díaz no votó, a pesar de que pasó lista de asistencia al inicio de la sesión. ¿Qué les responderá a sus electores? ¿Para qué le pagan entonces?
Los diputados panistas Othón Hernández Candanedo (coordinador de la bancada), Nora Jessica Lagunes Jáuregui y Hugo González Saavedra votaron a favor.
No obstante que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Federico Salomón Molina, informó que, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente Estatal, celebrada este lunes, se instruyó a las diputadas y diputados que integran el Grupo Legislativo, para que votaran en contra de la iniciativa.
El dirigente recordó que dicha ley “sólo tiene por objeto abrir paso a quien es favorita del gobierno y el partido en el poder para erigirse como candidata del régimen al Gobierno del Estado de Veracruz en las elecciones del 2024”.
Al respecto, acotó que “el pleno de este órgano colegiado considera que tal Iniciativa de Reforma no busca el bien común, sino el beneficio directo de los intereses de un particular. Facilitando de forma preferente a un aspirante y a su partido político, de quienes la ciudadanía hoy no espera nuevas aspiraciones sino resultados al frente de las responsabilidades previamente adquiridas”.
Salomón Molina señaló que el uso del poder público en beneficio de los intereses particulares, por encima de los intereses y derechos públicos, “implica una evidente falta de respeto a la dignidad de los veracruzanos, además de un atropello a la carta magna del estado de Veracruz”.
Por ello, agregó que el PAN, por conducto de su Comisión Permanente Estatal, “se posiciona en contra de la reforma y de la activación de procedimientos legislativos especiales para conseguirla, por ser significativamente carentes de ética y utilidad pública, y la considera un acto de corrupción que atenta contra la política y el Estado de Derecho”.
Ahora, tras la aprobación de la llamada “Ley Nahle”, ya sea que la funcionaria federal sea o no la candidata morenista a la gubernatura en 2024, los partidos de oposición deben trabajar en la construcción de una plataforma política que logre convencer a los veracruzanos de la necesidad de un cambio de gobierno, pues de otra manera, ocurrirá lo que muchos ya dan por hecho: otro sexenio igual o peor que el actual.
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