Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Este lunes, durante la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández al Congreso de Veracruz, los diferentes grupos legislativos dieron sus posicionamientos sobre extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En los discursos hubo de todo, desde los oficialistas hasta los críticos como los de las diputadas Anilú Ingram Vallines del Partido Revolucionario Institucional y Maribel Ramírez Topete de Movimiento Ciudadano.
En ese contexto, la situación del país y particularmente del estado de Veracruz en materia de seguridad es delicada y compleja. La violencia no cesa y la inseguridad afecta sobremanera.
Peor aún, el gobierno estatal y el federal relegan sus responsabilidades a las Fuerzas Armadas; abandonan y han dejado en el abandono a las corporaciones locales.
Anilú Ingram, coordinadora del Grupo Legislativo del PRI, por ejemplo, dio datos duros, cifras.
Bajaron 42% las aportaciones federales para seguridad. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), recibe 20% menos recursos que el sexenio pasado.
Se eliminó el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad que apoyaba a 300 municipios prioritarios.
Tan solo Veracruz dejó de recibir 240 millones de pesos para 22 municipios. Los resultados están a la vista de todos, aunque lo nieguen y pretendan asegurar que todo marcha bien en el territorio estatal.
A nivel nacional las cosas tampoco están bien. Van 130 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno y se podría llegar a los 200 mil homicidios al final del sexenio.
Otros datos. Cada día hay 10 mujeres asesinadas. Van 55 periodistas asesinados, más que en cualquier otro gobierno.
En suma, se trata del sexenio más violento de la historia.
Aquí en nuestra aldea, en el estado de Veracruz, desde que inició esta administración hasta octubre de este año, suman 8 mil 049 homicidios y casi 300 feminicidios; además, van 7 periodistas asesinados.
Si bien la labor de las Fuerzas Armadas es necesaria, como lo señala la legisladora tricolor, no significa dejar de señalar los pendientes de los gobiernos local y federal.
“Por el contrario, es un llamado a que, en el marco de esta permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, el gobierno ahora sí asuma su responsabilidad de fortalecer a las corporaciones locales”.
También es un llamado a que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad y no se lave las manos frente al problema de inseguridad y la violencia.
Cabe recordar que en el Senado de la República se hicieron cambios a la minuta, los cuales fueron aprobados en Cámara de Diputados, por lo que la reforma plantea límites y frenos.
Primero, se incorporaron diversos mecanismos de seguimiento, evaluación y escrutinio a la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Segundo, se establece la obligación de presentar al Congreso de la Unión informes que permitan evaluar los resultados obtenidos.
Y, tercero, crea un fondo permanente de apoyo a los estados y municipios destinado al fortalecimiento de sus policías a partir del 2023, el cual no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada y la Guardia Nacional.
Se confía en que la reforma no sea un cheque en blanco al gobierno, sino darle un marco legal a la labor de las Fuerzas Armadas, además de reafirmar las obligaciones de los gobiernos, particularmente el de Veracruz.
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