Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
El caso de la invasión de terrenos en la zona conocida como Jinicuil Manso o Sierra Alta en el municipio de Coatepec se encuentra empantanado, parecería que hay metida una “mano negra” en el asunto.
El pasado fin de semana se debió realizar, por enésima ocasión, el desalojo de los integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), pero ante la inasistencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no se hizo.
Los ciudadanos afectados son claros en sus señalamientos. De entrada, manifiestan que existe abierta complacencia del Gobierno de Veracruz para que se invadieran los terrenos y despojaran de sus bienes a los pequeños propietarios.
Uno de los aspectos que advierten es que los invasores han provocado daños al medio ambiente, lo que pone en riesgo el abasto de agua a varios municipios, entre ellos, Xalapa.
Se ha dicho que los despojadores falsificaron documentos, además de hacer uso de la violencia, la intimidación, las amenazas y la privación de la libertad.
“Han usado a mujeres, niñas, niños y a personas adultos mayores como carne de cañón y han contado también con la complicidad de distintas autoridades, desde fiscales hasta policías, jueces locales, y ahora, ignominiosamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz”.
Hay un dato relevante. En siete ocasiones se ha burlado la orden judicial que ordena la restitución a los legítimos propietarios y las ocasiones que ha sido llevado el tema ante el Poder Judicial Federal, los amparos promovidos por los invasores han sido negados al igual que las suspensiones.
Los elementos policíacos solo se han presentado para simular que cumplirán la orden de un juez para realizar el desalojo, pero no ha ocurrido.
Los invasores, detallan los afectados, han pretendido sostener una imaginaria legalidad de sus delitos.
“Mienten al asegurar que están asentados en tales predios desde 1976 porque sustentan su dicho en constancias de `posesión´ falsificadas (lo cual es motivo de otro proceso penal); se presentan como seguidores del presidente de México, quien no está enterado que en su nombre se cometen delitos y en Veracruz se toleran, e intentan usar la polarización que vive México argumentando que despojaron a personas ricas y poderosas que -notoriamente- no lo somos”.
Otro aspecto. Señalan que la Federación permanece indiferente frente a delitos ecológicos.
“Porque pareciera ser que es más importante preservar la afinidad política con una organización fantasmagórica que no agraviar a veracruzanos que, fundadamente, temen quedarse sin agua. Lo sabrían si quienes están encargados de la política interior del Estado supieran hacer su trabajo, y advirtieran que la CIOAC nada representa en el único tópico que interesa a quienes aquí gobiernan: el electoral, porque visto está que el respeto a la legalidad y a las víctimas es nulo”.
Por todo ello, los ciudadanos afectados exigen justicia pronta, expedita, completa, imparcial y gratuita; además, señalan que no se detendrán.
Y como saben que la procuración e impartición de justicia en Veracruz están maniatadas y contaminadas, continuarán en las instancias del Poder Judicial Federal hasta lograr que las órdenes judiciales se cumplan y les restituyan sus propiedades.
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