Miguel Ángel Gómez Ruiz
Contrapunto
A escasos días que abandone el Poder Judicial, su presidente, Isabel Romero Cruz, pretendió convencer a los asistentes al evento, a que ha aplicado una justicia humanista y hasta reveló que ha seguido la línea del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
En un acto en el que los resultados escasearon, Romero Cruz no habló sobre los errores que cometió en su corta estadía en la presidencia, luego que, inexplicablemente, ocupara el lugar de Sofía Martínez Huerta, destituida por pleitos con el secretario de gobierno, Eric Cisneros.
Poco antes que Isabel Romero Cruz fuera elegida por ocho presidentes de distintas salas, Sofía Martínez Huerta había sostenido una discusión con el funcionario estatal. Días después, comentó que la discusión se debió a que Cisneros le exigió que les entregara los recursos del Fondo de Retiro de Magistrados y de Impartición de Justicia, recursos que estaban en dos fideicomisos y que ascendían a mil 700 millones de pesos.
Justo en esa época, el presidente Andrés López Obrador ordenó la desaparición de todos los fideicomisos que fueron creados en gobiernos anteriores, con el pretexto de que había corrupción. Jamás probó que la hubiera.
Ya en el poder, Isabel Romero Cruz se dedicó a despedir a empleados de confianza e inclusive, a personas valiosas que manejaban los asuntos en las distintas salas distribuidas en Xalapa. Poco después, llegaron los recomendados del gobernador Cuitláhuac García, del mismo Eric Cisneros y del diputado Juan Javier Gómez Cazarín.
Además, la presidente avaló que se les redujera el 30 por ciento de sus salarios a los magistrados, obedeciendo la indicación del mandatario. Cabe señalar que la propia Constitución impide que se reduzca el salario a los magistrados, a fin de evitar actos de corrupción.
Del mismo modo, no atendió correctamente el tema de la pandemia con el pretexto de que el Poder Judicial gasta mucho dinero en artículos que bien pueden ser adquiridos por los jueces y el personal de los juzgados y las ciudades judiciales. Con el tiempo, murieron jueces, personal de apoyo, abogados y justiciables. Se reportaron muchos casos de Covid-19.
La presidente tampoco trabajó para implementar la justicia digital como ya ocurre en 18 estados del país. Ni siquiera en boceto se presentó algún proyecto, además de que hay decenas de miles de expedientes sin resolver. Hoy, el Poder Judicial de Veracruz ocupa el último lugar en aplicación de justicia en el país.
Debido a los malos manejos administrativos, se tiene como objetivo cancelar la construcción de doce ciudades judiciales a lo largo y ancho de territorio veracruzano. No se ha informado sobre el cauce que tomaron las negociaciones, pero de acuerdo a personal del Poder Judicial, la cancelación, el pago de fianzas y multas podría representar una cantidad millonaria.
Y encima, la administradora del lugar, Joana Marlén Bautista, informó que el personal sindicalizado genera un gran gasto al Poder Judicial, razón por la que se “congelarán” a partir del próximo año prestaciones y beneficios a los trabajadores tanto del sindicato mayoritario como el democrático.
La funcionaria olvida que cada peso que se paga a los trabajadores está contemplado en el presupuesto de cada año, producto de las negociaciones entre la líder sindical y los altos mandos del lugar. Inclusive, olvida que cada prestación otorgada es un logro sindical y todo es aprobado a la vista de todos.
A once días de dejar el Poder Judicial, Isabel Romero Cruz fue un fracaso en cada acción que ejerció. Inclusive, se arriesga a que la sancione la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues se negó a reinstalar al magistrado Marco Antonio Lezama Moo, un valioso elemento que tras ser despedido indebidamente, ganó un amparo federal. Pese a ello, Romero Cruz se negó a obedecer la disposición y estaría en riesgo de ir a prisión por ese tema.
Del mismo modo, despidió en agosto de 2021 a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, que fue beneficiada por un decreto legislativo en noviembre de 1997 cuando fue convertida en magistrada numeraria inamovible. Además, Castañeda Palmeros obtuvo en 2011 el Premio Nacional al Mérito Judicial. Fue una brillante juez en 16 juzgados, logró dos maestrías y dos doctorados y encima, fue la mejor estudiante de su generación en la Universidad Veracruzana.
Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros apoyó a Isabel Romero Cruz en la década de los 90´s, luego que la actual presidente fuese despedida por la magistrada Teresita Álvarez de Santés, cuando la descubrió ocultando un amparo que logró el equipo de abogados de un preso. Pese a que pudo ir a la cárcel, Castañeda Palmeros sugirió al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio Patiño, a que la enviara a un juzgado lejano para que no perdiera su empleo, ni su antigüedad.
Hace poco, ya siendo presidente del Poder Judicial, ordenó que le fuera retirado el seguro médico a Mario Santés Álvarez, hijo de Teresita. Sin seguro médico, el abogado, que laboraba en el área de Defensoría de Oficio, no logró ser atendido en ninguna dependencia médica pues no tenía seguro médico y sólo recibió apoyo de sus amigos. Al paso de los días, murió.
Una vez que deje el Poder Judicial, nadie recordará a Isabel Romero Cruz.