Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
En la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz (SEFIPLAN), una de las participaciones que destacó fue la de la diputada Anilú Ingram Vallines.
Durante su intervención, la también coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional planteó dos temas fundamentales.
El primero, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables e integrante del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, Anilú Ingram cuestionó sobre la existencia de recursos para la Ley 822.
Así lo expuso: “¿Cumplirá con lo dispuesto en la Ley 822 y coadyuvará para la creación del Instituto de Integración para las Personas con Discapacidad el próximo año 2023?”. La respuesta quedó en el aire.
Hay un dato relevante. Durante esa intervención, la diputada local manifestó que hace unos meses solicitó audiencia al titular de SEFIPLAN y este no contestó.
La reunión era para abordar los acuerdos que se tomaron en la primera sesión del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, el cual vela por el apoyo e integración de más de un millón y medio de personas en condiciones de discapacidad en Veracruz, según estadísticas del INEGI.
El segundo tema que expuso Anilú Ingram Vallines fue sobre la desaparición de 300 mdp del Gobierno del Estado, luego de que en junio quebrara Accendo, institución bancaria en la que esta administración estatal morenista tenía depositada dicha cantidad.
“300 millones de pesos del Gobierno del Estado, dinero que se mandó a la Secretaría de Salud, sin embargo, eso no aparece en la Cuenta Pública”, dijo Ingram Vallines.
La legisladora puntualizó sobre la responsabilidad de este recurso que se encuentra desaparecido y pidió que tanto él, como el anterior secretario de SESVER, rindan cuentas sobre esta situación.
“¿Realizó alguna denuncia ante la Contraloría General, la Fiscalía o alguna otra dependencia?”, expresó la diputada local. La respuesta fue escueta.
Cabe recordar que en junio pasado, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), informó que derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a Accendo Banco, S.A., por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del IPAB, aprobó se procediera al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito.
enriquepompeyo@hotmail.com