Miguel Ángel Gómez Ruiz
Contrapunto
En 2020, dos empresarios veracruzanos, Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín Oceguera, fueron sujetos a prisión preventiva en un penal en Poza Rica, tras haber denunciado por el delito de extorsión a la exdeportista Ana Guevara.
Los dos fueron apresados, junto con la expriista Armida Ramírez, por ser sospechosos del asesinato de Edgar Álvarez Flores, un supuesto cobrador de sobornos, que estaba relacionado con Guevara, actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).
La nota sobre el caso ocupó las ocho columnas en medios estatales y nacionales por algunos días, hasta que se les procesó.
La juez que llevó el caso fue Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que unos meses después fue convertida en magistrada y que este viernes fue electa presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz.
Y no es que se le haya premiado por haber salvado el honor de Ana Gabriela Guevara, en cuya gestión el deporte en México cayó a un abismo, sino porque a final de cuentas, entre las mujeres de la 4T electas como magistradas entre 2019 y 2021, era lo mejorcito.
Sí, cuenta con una carrera en Derecho y tiene por ahí diplomados y especializaciones, no doctorados ni maestrías, pero también demostró que puede ser leal al gobierno y someterse a las órdenes de Cuitláhuac Garcia Jiménez, quien ha hecho y deshecho al interior de un poder ajeno al suyo.
Es cierto, el Poder Judicial se convirtió en un purgatorio desde 2019. Llegaron muchos que han hecho muy poco. La nueva presidenta fue informada desde hace algunos días que ella era la elegida. En efecto, fue escogida por Cuitláhuac y avalada por uno de sus escuderos, Juan Javier Gómez Cazarín.
Por tanto, desde ese momento, ella estaba enterada que no podrá dar un paso sin que antes les informe a sus dos jefes.
Y es lógico, el gobierno tiene un interés político en el Poder Judicial, pues desde allí se podrá sancionar al enemigo y el legislativo también controlará todo pues desde allí se manejan los recursos. Lisbeth no tiene salida, por ningún lado. Ya estaba allí, pero su lugar se hizo más grande en este purgatorio.
Hoy, de acuerdo a estudios y sondeos, el Poder Judicial de Veracruz ocupa el último lugar en aplicación de justicia. El último.
Y la causa fue la corrupción. Mala disposición de recursos. Más de 19 mil expedientes sin resolver. La llegada de personas inexpertas, principalmente magistrados y jueces sin carrera judicial. Sin proyectos para la justicia digital. Aplicación a modo de la justicia y más.
Pero si algo tiene que hacer bien Lisbeth Aurelia es reponer al magistrado Marco Antonio Lezama Moo. Una nueva intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será para sancionar por desacato y no haber repuesto en su cargo al jurista.
También, deberá reponer a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien fue despedida en agosto de 2021 tras cumplir 70 años, siendo que ella fue nombrada magistrada numeraria con carácter de inamovible en 1997, a través de un decreto legislativo.
Encima, Castañeda Palmeros ganó el Premio Nacional al Mérito Judicial, gracias a una trayectoria ejemplar y a un trabajo en donde aplicó al cien por ciento la justicia en cada una de sus decisiones.
Por ahí debe comenzar su tarea la nueva presidenta.
Además, debe hacer cambios, quizá no muchos, pero hay varios que deben ser inmediatos, como suplir a la directora de administración, Joana Marlén Bautista. También debe haber cambios en Recursos Humanos y Comunicación Social, sin duda.
Morena atenta contra alcaldesas morenistas
Las alcaldesas María Elena Solana Calzada y Lorena Sánchez Vargas, de San Andrés Tuxtla y Sayula de Alemán, respectivamente, han sufrido todo tipo de acoso por parte de diputados e integrantes de su comuna.
Peor aún, los ataques y agravios vienen del mismo partido que las respaldó en sus candidaturas, Morena.
Es verdad, ambas ganaron las elecciones debido a sus trayectorias antes que con el apoyo de ese partido.
María Elena Solana es una doctora muy reconocida y querida por el pueblo. Como alcaldesa intentó poner orden y lo único que ha recibido es acoso y amagos para destituirle. Lo último, dos caciques de la zona, Juan Javier Gómez Cazarín y Rafael Fararoni, dispusieron la intervención de la tesorería municipal. Es lamentable que quieran seguir adueñándose de una zona para que los recursos sirvan a sus fines y no a la población.
Del caso de Lorena Sánchez Vargas hemos narrado el hostigamiento por parte de integrantes de su comuna. Ellos han hecho lo que han querido con los recursos municipales y a ella la hacen menos.
Ojalá que en ambos casos, se les defienda y se les dé la razón. Son mujeres veracruzanas de gran valor y merecen el mejor de los tratos.