Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Parecería que en esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso veracruzano, las diputadas son quienes están más interesadas en los temas que aquejan a los ciudadanos.
Una de las legisladoras que también destaca por su activa participación es Maribel Ramírez Topete, de Movimiento Ciudadano.
El pasado 22 de septiembre presentó la propuesta de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; desafortunadamente, a la fecha, no ha sido dictaminada.
El tema es de suma relevancia por varios aspectos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2020, Veracruz se ubicó en el lugar número cinco del país, en la tasa de muertes en accidentes de tránsito en zonas urbanas, con 5.9 decesos por cada 100 mil habitantes.
No obstante, hubo una reducción de la tasa durante la pandemia por COVID-19 en el 2021, por la reducción de la movilidad, pero no así de los accidentes donde se involucró el transporte de motocicleta.
Ante esa ola de siniestros, se refiere que la imprudencia, la falta de pericia, el exceso de velocidad y la ausencia de un casco en las personas usuarias, convierten a la población en un creciente de víctimas mortales por accidentes en motocicletas, aunado a que no se respetan los reglamentos de tránsito, en cuanto a que menores de edad son trasladados en dicho servicio de transporte.
De manera que la legisladora por el partido naranja propone, precisamente, la incorporación de los límites máximos de velocidad en los diferentes tipos de vías, señaléticas, pasos peatonales, la prohibición de la circulación a personas conductoras con alcoholemia, la obligatoriedad de los cinturones de seguridad, la utilización de cascos para las personas ciclistas y motociclistas, así como lo correspondiente a sanciones e infracciones a la violación de las disposiciones de la ley.
Por cierto, el 13 de noviembre del año en curso, venció el plazo para que las legislaturas de los estados armonizaran sus textos normativos con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
El derecho a la movilidad como una garantía constitucional no debe dejarse a la ligera; la planeación de la movilidad y la seguridad vial implica el ordenamiento racional y sistemático de acciones que garanticen el pleno ejercicio de ese derecho.
Por ello, la prioridad de armonizar las disposiciones legales en la materia, para que Estado y municipios incluyan en sus reglamentos de tránsito las medidas correspondientes para atender y salvaguardar la seguridad, la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible, priorizando la protección de las niñas y niños, así como de los adultos mayores en todo momento.
Los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito también deben ser garantizados mediante la justicia efectiva, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición.
De manera que la voluntad política debe existir, pues el tema de movilidad no puede quedar a la deriva.
Maribel Ramírez Topete así lo expone: “la educación vial es un factor para prevenir y reducir los siniestros de tránsito, promover la movilidad segura y sustentable garantiza la protección y libre tránsito. Todas y todos debemos conocer los derechos y obligaciones que adquirimos como conductores u operadores de cualquier tipo de transporte, así como personas peatonas, incluyendo los factores de riesgos y las medidas para evitar ponernos en peligro”.
Ante la importancia del tema, se espera que la propuesta de la legisladora no duerma el sueño de los justos y la iniciativa se dictamine en sentido positivo con la finalidad de reducir los riesgos viales; sólo se trata de que exista voluntad política.
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