Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde A Janela
“Ya solo restan un año, siete meses y dieciocho días para que se vaya a … su rancho”
El pasado 5 de febrero se conmemoró un aniversario más de la promulgación de la constitución y es conmemoración a ese acontecimiento vamos a comentar sobre uno de los contenidos de la ley suprema: la división de poderes.
La constitución, como su nombre bien lo indica, norma la manera en la que el Estado está formado o constituido y en el caso mexicano lo está en una república federal con tres poderes y una gran cantidad de órganos autónomos que no pertenecen a ninguno de los tres poderes.
Ese sistema teóricamente se reproduce en todas las entidades federativas, sin embargo, en la práctica es muy difícil que esa reproducción a nivel local sea fidedigna, ya que todavía reina el presidencialismo en la mayoría de los estados; más en la federación como nos hemos dado cuenta, ya no tanto.
Ahora bien, según nuestra constitución los tres poderes son iguales y se limitan entre sí, es decir, cada poder puede y debe contener a los otros cuando se exceden en sus funciones y ninguno de ellos se encuentra por encima de los otros.
La constitución palabras más palabras menos, siempre dispuso lo mismo y sin embargo, durante mucho tiempo lo dispuesto por ella fue letra muerta y eso se debió a que en los tiempos del partido único, el ejecutivo controlaba y sometía a todos los demás poderes; tan es así que, si repasamos los acontecimientos del siglo XX en nuestro país solo encontraremos mencionados a los presidentes en turno y si acaso a algunos de sus más leales colaboradores, pero difícilmente sabremos algo de algún legislador importante, ni mucho menos de un ministro, magistrado o juez que se haya destacado por alguna sentencia relevante.
Así de arrolladora era la preponderancia del ejecutivo y sencillamente no había legislador o ministro alguno que osara contradecir lo que este ordenaba y la manera en que lograban eso era convirtiendo las diputaciones y senadurías en una especie de “cursus honorum” en las que, como en la antigüedad, los cuadros del partido que las ocupaban iban escalando posiciones en el aparato hasta intentar llegar a la cima y en el caso del poder judicial los asientos en la Suprema Corte de Justicia eran ocupados o bien por amistades del presidente o bien por políticos en retiro.
Más todo eso empezó a cambiar con las reformas que se hicieron a partir de 1995, cuando se reformó el poder judicial con la finalidad de dotarlo de autogobierno y se empezaron a crear órganos autónomos que restaron poder e influencia al presidente de la república y así mismo, con esas nuevas reglas se fortalecieron los demás poderes, ya que en el legislativo se terminó el monopolio del partido hasta entonces dominante y el judicial empezó a cumplir sus funciones de salvaguardar el orden constitucional fallando muchas veces en contra de los intereses del ejecutivo en turno.
Muchas décadas de lucha social costaron obtener esa separación de poderes y sin embargo, en 2018 una mala decisión electoral por parte de la ciudadanía llevó a la concentración del poder en una sola fuerza política que navegó con bandera demócrata, pero que en realidad era una mezcla entre resabios del antiguo partido dominante y la pseudo izquierda latinoamericana que de democrática no tiene nada y con ello vino un fuerte intento de regresión a los tiempos del autoritarismo que existió en el siglo XX.
Los métodos utilizados por la actual fuerza política dominante han sido peores que los del PRI, ya que tanto las posiciones legislativas que le corresponden a esa mayoría, como las que han podido colonizar tanto en el poder judicial como en los órganos autónomos los han ocupado con personajes que, en la mayoría de los casos, ni siquiera conocen las funciones del puesto que ocupan y, en consecuencia, son incapaces de ejercer un contrapeso real al ejecutivo.
Sin embargo, esa burda estrategia ha topado con dos diques que se están volviendo insalvables para quienes a través de ella buscan restaurar el autoritarismo del siglo pasado y esos diques son la ciudadanía que, cuando empezó a probar ese autoritarismo, se empezó a dar cuenta que es mejor el equilibrio constitucional de los poderes y el mismo andamiaje constitucional que ha permitido que quienes ocupan posiciones en los otros poderes e incluso en los organismos autónomos, puedan actuar con independencia del ejecutivo e incluso, cuando la situación lo amerita, oponerse y frenar sus designios.
Y lo que resulta aún más significativo es que esos diques se complementan y retroalimentan entre sí, ya que una sociedad que se organiza para defender la separación de poderes, infunde confianza a quienes tienen que defenderla desde las posiciones que ocupan y a la vez, unos poderes y órganos autónomos que actúan con independencia frente al ejecutivo, fortalecen a la sociedad y la animan a continuar organizándose para evitar la regresión autoritaria.
Por ello es importante desde ahora formar conciencia sobre esta interacción, ya que de ello depende que México se mantenga con un régimen de separación de poderes y por ende con un respeto a las libertades individuales, porque no hay que olvidar que un régimen autoritario siempre buscará aplastar a los individuos y si no hay libertad ni manera de oponerse al gobierno, mucho menos habrá progreso en otros campos.
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Twitter: @FelipeFBasilio