Luis Alberto Romero
Hora cero
La denuncia del empresario cordobés Joaquín Rodríguez Fernández sobre los acuerdos subrepticios de la Juez de Control adscrita al Juzgado de proceso y procedimiento penal oral del decimoséptimo distrito judicial de Veracruz, Ihali Patricia Armas Márquez, son una muestra de que algo huele a podrido en esa instancia de la justicia en Veracruz.
El hecho se da justo cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez —en respaldo al llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador— anunció que se unirá a una manifestación pacífica contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque “no aplican la ley que existe, sino la que les gustaría que existiera”.
Rodríguez Fernández ha señalado que fue defraudado por Manuel “N”, y que a pesar de que presentó la denuncia, con pruebas fehacientes y se abrió una Carpeta de Investigación —VER/DXVII/F8/5554/2022— y existe una orden de aprehensión en el proceso penal 97/2023, la mencionada juez habría realizado un acuerdo privado, en un encuentro a todas vistas ilegal, para exonerarlos este martes 16 de mayo en una audiencia ya tamaleada.
“Esta juez corrupta, que está pactando en lo oscurito, le está metiendo gol al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al propio Consejo de la Judicatura y a la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns”, expresa el presunto agraviado, en una entrevista con medios de comunicación, luego de que presentara denuncias por los hechos ante el Consejo de la judicatura del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
El hecho , reiteramos, es un reto para las autoridades de procuración de justicia en Veracruz, que si no actúan, estarían en franca contradicción con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quienes están criticando férreamente a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La historia de presuntos actos de corrupción de esta juez no es nueva. En medio ha quedado consignada, por ejemplo, la denuncia de una mujer, del Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, quien denunció el abuso sexual de su hija de tres años y 10 meses por su padre biológico. Su caso fue radicado en una carpeta de investigación, en la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de Coatepec, Veracruz.
Después de un largo periplo en instancias legales para integrar la carpeta de investigación, por el cambio de tres fiscales, de pronto la juez de control —que despachaba en ese entonces en Coatepec— anuló de forma arbitraria las pruebas presentadas: “ha argumentado erróneamente los derechos humanos de mi menor hija, al interpretar erróneamente lo que significa el interés superior del niño y el aspecto no vinculante de los protocolos de atención para invalidar nuestras pruebas y su incorrecta valoración”, denunció en su momento.
Otro caso en el que se vio involucrada fue en el de la liberación de una banda colombiana presuntamente dedicada al robo de autos. Eso fue en el 2020. Ahí se abrió la Carpeta de Investigación 813/2020, la cual, curiosamente, fue archivada para dormir el sueño de los justos. Pero en la memoria colectiva se recuerda ese hecho vergonzoso en donde esta juez intervino a favor del grupo delincuencial.
Junto a estos, hay muchos casos registrados en la prensa y en la vox populi, de hombres y mujeres que han sido agraviados por esta juez que debería de procurar justicia a secas, en pro de los justiciables. @luisromero85