Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
La Canaco-Servytur de Xalapa destapó la cloaca. La población y particularmente el sector empresarial sufren las consecuencias por la falta de políticas públicas estatales en materia de seguridad y prevención del delito.
De entrada, los empresarios padecen cobro de piso y llamadas de extorsión; además de extorsión por parte de agentes de Tránsito en municipios como Tihuatlán, Poza Rica y Cempoala.
En el caso de la entidad veracruzana, se encuentra en el segundo lugar nacional. Tan sólo de diciembre de 2018 a febrero de 2023 se cometieron 3 mil 369 casos de extorsión y sólo está por debajo de la Ciudad de México con 14 mil 268.
Incluso, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que, entre los meses de enero y febrero de este año, en el estado de Veracruz se registraron 143 casos.
En 2019 la entidad cerró con 794 delitos de extorsión; en 2020 con 714; en 2021, 744; y en 2022 con 834 carpetas de investigación, lo que refleja un alarmante incremento.
Pero los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio también sufren otros delitos como asalto a negocios y robo en carreteras.
Lo grave del asunto es que desde 2022, los empresarios han hecho denuncias ante las autoridades, pero han encontrado oídos sordos.
A pesar de que se han llevado a cabo reuniones con áreas operativas, las cabezas no han recibido a los empresarios.
Desafortunadamente se observa cerrazón y falta de diálogo por parte de las autoridades estatales, de los titulares de las dependencias.
La denuncia pública de la Canaco pone sobre la mesa lo que el gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez se niega a reconocer, una evidente y creciente inseguridad.
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