Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
La denominada “Ley 3 de 3” tiene el objetivo de suspender los derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a deudores alimentarios, así como a quienes tienen sentencia firme por violencia de género política, física, sexual, familiar, doméstica o violación a la intimidad.
Como se recordará, se trata de una reforma que se hizo a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política del país, la cual fue ratificada por las 32 entidades federativas.
Desafortunadamente, en el estado de Veracruz no se han hecho los ajustes a los ordenamientos jurídicos.
Pese a ello, la diputada Anilú Ingram Vallines es clara al precisar que se debe respetar al pie de la letra, de manera que “no se escapan” los deudores, los agresores y los acosadores.
El tema cobra relevancia porque a nivel federal ya comenzó el proceso electoral para renovar la presidencia del país, así como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Además, dentro de un mes, en la entidad veracruzana inicia el proceso local para elegir nuevo gobernador y diputados locales.
De manera que ninguna persona que se encuentre entre los supuestos que establece la Carta Magna puede aparecer en las boletas electorales.
La también coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del Estado subraya que los partidos políticos deben cumplir con las disposiciones de la Constitución.
Algunos personajes políticos que tienen aspiraciones de ocupar un cargo de elección popular deberán revisar lo que han hecho, pues podrían verse imposibilitados de participar.
Las dirigencias estatales y nacionales también tendrán que revisar con lupa el perfil de cada aspirante, pues podrían llevarse varias sorpresas.
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