Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
La diputada local Maribel Ramírez Topete de nueva cuenta le pone el ejemplo a sus homólogos, sobre todo a los de la mayoría morenista que poco hace, e impulsa más acciones en beneficio de la población.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo se realizó la reforma de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por la que se crea a nivel federal el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Por ello, plantea armonizar la legislación local en esa materia para actualizar el Código Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
En su iniciativa, propone adicionar el Código Civil para que la legislación local establezca la posibilidad de registrar en un padrón a los deudores de pensiones alimenticias y compensatorias, haciendo extensivo el registro a quienes no cumplan oportunamente con las obligaciones en ambos conceptos.
De lo que se trata es de proteger el derecho de los y las menores de edad, así como de los sectores vulnerables en cuanto a las obligaciones alimentarias sin cumplimiento.
El marco constitucional y la legislación federal estipulan con suficiente claridad la obligación del Estado de proveer los instrumentos, acciones y políticas necesarias que garanticen el derecho al desarrollo óptimo de dicho sector.
De ahí la urgente necesidad de armonizar el marco jurídico estatal para procurar que los sectores infantil y juvenil no resulten afectados por la omisión de las obligaciones de sus padres, madres o tutores; más aun, que quienes padecen las consecuencias del incumplimiento de obligaciones alimentarias y compensatorias sean protegidos por esta nueva herramienta legal.
Maribel Ramírez considera necesario que la legislación local en materia de alimentos prevea con precisión los conceptos que establece la ley federal y no deje lugar a la incertidumbre jurídica.
Hay un aspecto importante. Se debe resguardar la seguridad jurídica, respetar el debido proceso, cumplir cada una de las formalidades esenciales del procedimiento, proteger los datos personales, respetar el derecho a la privacidad y salvaguardar la garantía de audiencia de quien pueda ser inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
De esta manera, la diputada por Movimiento Ciudadano impulsa esta poderosa herramienta legal que atiende una problemática real que causa un grave daño a la sociedad, por lo que se confía en que se le dé prioridad y se apruebe a la brevedad.
Además, Maribel Ramírez Topete impulsará esta acción legislativa a nivel nacional para que todos los estados puedan concretar sus registros de obligaciones alimentarias.
Así, el estado de Veracruz sería la punta de lanza de este gran avance significativo que se da en materia de pensiones alimentarias, el cual va concatenado a la Ley 3 de 3 contra la violencia, donde uno de los principales requisitos para contender por un cargo público es no ser deudor alimentario moroso.
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