Luis Alberto Romero
Hora Cero
Entre los mayores retos que enfrentó Veracruz al iniciar el presente sexenio se encuentran la inseguridad, la delincuencia y la confiabilidad de los cuerpos policíacos.
En octubre de 2011 se implementó el programa Veracruz Seguro, cuyo planteamiento principal era la coordinación de los tres niveles de gobierno; y la participación activa, en tareas de vigilancia y combate a la delincuencia, tanto de la Secretaría de Marina como del Ejército Mexicano.
Paralelamente iniciaron acciones para depurar a los cuerpos policiacos veracruzanos y más de 4 mil elementos fueron dados de baja por actos de corrupción, por abusos de autoridad o por vínculos con la delincuencia. Ese número equivale a casi el 20 por ciento de la actual nómina policiaca en la entidad.
De igual forma, las autoridades locales iniciaron acciones para limpiar de malos elementos a la Dirección de Tránsito: en febrero de este año, Adolfo Ramírez Arana, el diputado que preside la Comisión de Transporte, anunció que 98 elementos de esa dependencia causaron baja debido a que evitaron los exámenes de confiabilidad. Otros 300 habrían sido suspendidos y 10 más, señalados por presuntos vínculos con bandas delincuenciales.
En cuanto a la Agencia Veracruzana de Investigación, las denuncias son frecuentes: en diciembre del año pasado, Tonatiuh Hernández Sarmiento, coordinador regional de Derechos Humanos en la zona norte de Veracruz, declaró que el aumento en el número de quejas contra la policía ministerial era del 100 por ciento y que se trataba de asuntos relacionados con actos de corrupción, tortura, incomunicación y ataques a la legalidad y a los derechos de los agraviados.
El 8 de marzo de este año, dos elementos de la AVI fueron consignados, debido a que golpearon a un detenido hasta matarlo, por lo que se integró la causa penal 44/2014. Dos semanas después, el 25 de marzo, comandante y elementos de la dependencia, comisionados en Paso del Macho, fueron acusados por extorsión contra productores agrícolas del municipio de Atoyac.
El más reciente caso ocurrió ayer; la Procuraduría de Justicia del Estado anunció la captura de dos agentes de la Policía Ministerial y uno del Ministerio Público.
Las quejas contra los elementos de la Procuraduría de Justicia, de la AVI y de las corporaciones policíacas del estado y los municipios son frecuentes, al igual que las recomendaciones emitidas por los organismos defensores de los derechos humanos.
El año pasado, por ejemplo, de las 61 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 12 fueron para la policía estatal, cuyos elementos habrían incurrido en abuso de autoridad, detenciones injustificadas y agresiones físicas.
A la Secretaría de Seguridad Pública le siguió, como la dependencia con más recomendaciones, la Procuraduría de Justicia, que registró 11 casos que documentan irregularidades que atentan contra los derechos humanos de veracruzanos.
Este año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha girado 30 recomendaciones; casi la mitad son para la Secretaría de Seguridad. Por ello resulta importante que la depuración de los cuerpos policíacos sea un ejercicio permanente en Veracruz. @luisromero85
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