La reunión programada de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Género, para analizar y dictaminar la Ley de Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar no se llevó a cabo debido a la ausencia del presidente de la Comisión de Justicia y otros diputados. La única asistente fue la Diputada Maribel Ramírez Topete, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Este contratiempo retrasa el análisis y la elaboración del dictamen, poniendo en riesgo la protección de las víctimas de violencia familiar y la posibilidad de que la ley resulte en inconstitucionalidades. La falta de asistencia resalta la necesidad urgente de un compromiso serio con esta legislación crucial.
“La inasistencia de los miembros de la Comisión de Justicia es un retroceso para la protección de los derechos humanos. No podemos permitir que esta ley tenga fallos que puedan llevar a inconstitucionalidades. Es fundamental abrir un diálogo efectivo”, declaró la Diputada Ramírez Topete.
Para garantizar que la Ley de Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar sea efectiva y constitucionalmente sólida, debe incluir definiciones claras sobre las formas de violencia familiar, principios rectores como el interés superior de la niñez, mecanismos de prevención y atención, y un marco para la evaluación continua y la transparencia.
Es crucial asegurar un presupuesto adecuado para la capacitación del personal y la implementación de los mecanismos previstos. La falta de recursos puede obstaculizar la eficacia de la ley y su capacidad para proteger a las víctimas.
La Diputada Ramírez Topete hizo un llamado a todos los miembros del Congreso del Estado de Veracruz para convocar una nueva reunión, subrayando que es una gran oportunidad para escuchar y considerar las propuestas de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil.
“Es urgente que el Congreso se comprometa plenamente y convoque a una nueva reunión para integrar las voces de los colectivos. Solo con un trabajo conjunto y comprometido podremos avanzar hacia una legislación efectiva y evitar posibles inconstitucionalidades”, concluyó.
La sociedad veracruzana espera una pronta resolución, ya que la protección de las víctimas y la prevención de la violencia familiar son prioridades inaplazables.
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