Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Quizá haya excepciones, como en todo, sin embargo, el cobro a los padres de familia de las cuotas escolares se han convertido en un negociazo de unos cuantos.
También, en otros casos, los padres de familia evitan tener problemas o conflictos, pues sienten amenazada la educación de sus hijos, si hacen denuncias públicas.
El tema no es nuevo. En varios medios de comunicación se han dado a conocer las situaciones irregulares en las que incurren tanto los directores de las escuelas como las asociaciones de padres de familia, no en todos los casos.
Por citar un ejemplo. En el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS No. 165 que se encuentra en el municipio de Coatepec, desde hace tiempo ocurren presuntas irregularidades en el manejo del dinero que con tanto esfuerzo aportan los padres de familia.
Es más, de acuerdo con la información, existen ya denuncias interpuestas para proceder legalmente contra quienes resulten responsables por el desvío de las cuotas escolares.
En ese contexto, hace poco, el actual presidente de la Asociación de Padres de Familia, Edgar Fernando Sánchez Díaz, pidió la intervención de las autoridades para que se lleve a cabo una auditoría.
De entrada, el director de dicho plantel educativo, Carlos Enrique Armas Montoro, incurre en opacidad al negarse a proporcionar la información sobre el manejo de las cuotas escolares del periodo escolar anterior, en donde habría un presunto desvío de cientos de miles de pesos.
El presidente de la Asociación de Padres de Familia, incluso, con base en la ley y por medio de documentos ha solicitado al director los detalles de los manejos financieros, a lo que Carlos Enrique Armas Montoro se ha negado rotundamente.
Pero no sólo eso, el director del CBTIS No. 165 de Coatepec tampoco ha querido mostrar facturas de los supuestos gastos, ni los libros de contabilidad.
En el presunto desvío de dinero estaría involucrado, además del director, la tesorera y otra persona más.
Los únicos documentos que ha recibido el presidente de la Asociación de Padres de Familia carecen de todo sustento legal, ya que únicamente son hojas que refieren “gastos por comprobar” por cientos de miles de pesos.
Las autoridades de la Secretaría de Educación y de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios (DGETI) deberían intervenir para auditar las finanzas que aportan los padres de familia y acabar con el negociazo.
Porque de no ser así, ¿será que las autoridades educativas o alguien en particular recibe parte de esos recursos para guardar silencio?
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