Guerrero y Veracruz

Luis Alberto Romero

Hora Cero

Cuando está a punto de cumplirse un mes de los hechos violentos registrados en Iguala, Guerrero, donde un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue atacado por policías municipales, la situación en la entidad que gobierna Ángel Aguirre se observa complicada y a punto del colapso social.

Como se recuerda, el saldo registrado fue de seis personas asesinadas, 17 heridos y 43 estudiantes que aún se encuentran desaparecidos y que a pesar de la búsqueda de prácticamente todas las agrupaciones policíacas y de la recompensa de la Procuraduría General de la República, todavía están en esa condición.

Como consecuencia de estos hechos, la federación movilizó elementos para hacerse cargo de los trabajos de seguridad y vigilancia en un estado donde el gobierno local ha sido incapaz de resolver el problema; casi 600 policías municipales de 14 ayuntamientos de esa entidad fueron desarmados y separados de sus cargos; incluso, hay acusaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Por otro lado, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el jefe de la Policía Municipal se encuentran prófugos de la justicia.

Este 21 de octubre se informó que Ignacio Ávila Navarrete, alcalde de Ixtapan de la Sal, municipio del Estado de México que tiene límites territoriales con Guerrero, fue detenido, al igual que el director de Seguridad Pública de ese ayuntamiento; también a ellos se les atribuyen vínculos con la delincuencia.

El atentado contra los normalistas de Ayotzinapa; la situación legal de los alcaldes de Iguala e Ixtapan de la Sal –uno prófugo y el otro detenido–; y la destitución e investigación contra los elementos de los cuerpos policiacos municipales de Guerrero deben servir para reflexionar sobre la confiabilidad de las corporaciones de los ayuntamientos veracruzanos.

Al igual que en Veracruz, en la entidad que gobierna Ángel Aguirre más del 90 por ciento de los policías a quienes hoy se investiga por sus presuntos nexos habían aprobado los exámenes de confiabilidad; hoy, el anuncio gubernamental sobre la policía estatal acreditable de Guerrero se desplomó, al igual que la credibilidad del gobierno estatal.

En la entidad veracruzana, a dos meses del homicidio de Guillermo Pozos Rivera, tesorero del ayuntamiento de Coatepec, el crimen no se ha esclarecido, a pesar de la detención del subdirector operativo y de dos elementos de la policía municipal.

Hay otros casos, como el de Emiliano Zapata, donde la frecuencia de los robos y asaltos resulta ya preocupante; nada bueno se puede esperar de un lugar donde se registran hechos delictivos ante la presencia de los policías municipales. En ese lugar, vivir frente a un módulo de seguridad no disminuye los riesgos.

Este 21 de octubre se presentó una nueva corporación de seguridad: la Fuerza Civil Veracruz, que se enfocará al trabajo de inteligencia para prevenir el delito; se trata de dos mil elementos que tendrán –de acuerdo con el anuncio oficial– recursos, capacitación y adiestramiento, equipo de comunicación, armamento y capacidad de movilización. Sin embargo, sería sano que la estrategia de seguridad incluyera una investigación y una revisión a fondo de los cuerpos policiacos municipales, muchos de los cuales han demostrado ser proclives a la corrupción y a la delincuencia. @luisromero85