Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Sanear las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no ha sido una tarea fácil, por el contrario, es una labor titánica.
Como se sabe, en gobiernos anteriores el Instituto fue utilizado como “caja chica” y el dinero que se encontraba en la reserva técnica fue literalmente saqueado.
Si bien al corte del mes de julio de este año la cantidad en la reserva es de 2 mil 556 millones de pesos, lo que significa que se ha superado el cien por ciento el monto de la misma, falta recuperar miles de millones de pesos.
Mejorar las finanzas del IPE ha requerido un trabajo responsable y transparente.
Por ejemplo, en administraciones pasadas habían retirado dinero de la reserva técnica para invertirlo en préstamos, pero no habían recuperado los rendimientos del programa, ahora han transferido alrededor de 400 millones de pesos de puro rendimiento de préstamos.
Asimismo, han transferido a la reserva alrededor de 130 millones de pesos por concepto de ahorro en gasto operativo, lo que nunca se había hecho.
Sin embargo, los retiros a la reserva técnica se hicieron entre 2009 y 2015 y ascienden a 3 mil millones de pesos.
Ante ello, la actual directora general del IPE, Daniela Griego Ceballos procedió legalmente ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero desafortunadamente las denuncias no han prosperado.
Además, se han presentado todas las pruebas documentales ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Contraloría General del Estado (CGE).
Surgen las dudas. ¿Por qué si se presentaron todas las pruebas la Fiscalía no ha procedido? ¿Se protege a algunos personajes políticos? De ser así, ¿a quiénes? ¿Hay autoridades de la Fiscalía, el ORFIS o la Contraloría inmiscuidos?
A pesar de todo ello, en el IPE se continúa trabajando para poder cumplir de manera puntual con el pago a los jubilados y pensionados, pues de manera mensual se erogan 780 millones de pesos.
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