No estamos creciendo

Álvaro Belin Andrade

Hora Libre

Las cifras son frías y despiadadas. La percepción generalizada entre los veracruzanos de que la situación se ha estancado, de que los negocios cierran a unos meses de inaugurarse, de que no hay empleos y la producción agrícola y ganadera resiente la falta de apoyos y los flagelos de la violencia y le intermediarismo, que no se invierte en obra pública, se corrobora en los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Pese a los discursos de la jarocha próspera y el enorme dinamismo de la entidad sobre la supuesta atracción de enormes inversiones privadas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos ha venido a corroborar lo que el más lego en economía había sentido en su propio pellejo: no crecemos, no aportamos al desarrollo del país, retrocedemos en lugar de logar con el progreso y el desarrollo.
En efecto, según el INEGI, en el segundo trimestre de 2014 Veracruz tuvo un comportamiento negativo respecto a igual periodo de 2013, y se ubica –junto con otros ocho estados– dentro del grupo que presentó las peores lecturas en su PIB, con un crecimiento negativo de menos 0.4 por ciento, lo mismo que Tlaxcala. Incluso, Tamaulipas tuvo un desempeño menos negativo (-0.2%).
En el grupo señalado como el que tiró hacia abajo el índice de crecimiento del PIB a nivel nacional, se ubican también Campeche (-2.8%), Morelos (-1.6%), Baja California Sur (-1.4%), Baja California (-1.3%), San Luis Potosí (-0.9%) y Sonora (-0.8%).
En contraste, los estados que tuvieron un desempeño destacado y, con ello, impulsaron el crecimiento de la economía mexicana durante el segundo trimestre de este año, fueron Aguascalientes (8.6%), Zacatecas (5.7%), Guanajuato (5.1%), Tabasco (4.8%), Querétaro (4.6%), Guerrero (4.3%), Durango (4.2%) y Michoacán (4.1%).
Destaca que tres de las entidades más afectadas por la operación de grupos criminales locales, con una opinión negativa para la aplicación de inversiones e incluso para el sector turismo, como Guerrero, Michoacán y Morelos, superen en más de 4 por ciento al crecimiento experimentado por Veracruz.
Según el INEGI, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) mostró un crecimiento promedio de 1.6 por ciento durante los meses de abril, mayo y junio de 2014. Por cierto, este índice contrasta con el del primer trimestre, que fue de 1.8 por ciento.
No destacamos ni en la actividad primaria (agricultura, ganadería, piscicultura), rubro en que los estados que tuvieron el mayor crecimiento fueron Aguascalientes (15.3%), Baja California (14.4%), Distrito Federal (13%), Guerrero (12.9%) y Michoacán (12.7%).
Aunque Veracruz ha sido considerado políticamente como el granero del país, lo cierto es que en el segundo trimestre experimentó nulo crecimiento: ¡-9.8 por ciento! Como para que cualquiera que gobierne Veracruz se ponga rojo de vergüenza.
Las constantes protestas de los grupos y organizaciones campesinas ante el olvido en que los tiene sumidos el gobierno de Veracruz, se han vuelto cotidianas. El mayor esfuerzo desplegado por la Sedarpa, a cuyo frente se encuentra un fantasioso Manuel Martínez de Leo, ha sido vanagloriarse de los primeros lugares que ocupa Veracruz en el volumen de producción de algunos productos del campo, logros en que su dependencia no ha intervenido ni con apoyo financiero ni con asesoría, promoción u organización productiva.
Tampoco destacamos en el sector secundario (producción industrial), rubro en que en cambio tuvieron un desempeño descollante durante el segundo trimestre, los estados de Aguascalientes (16.8%), Guerrero (14.2%), Zacatecas (11.2%), Guanajuato (9.9%) y Michoacán (9.2%). De hecho, el desempeño fue negativo: -2.2 por ciento.
No nos queda sino preguntarnos el destino de las cifras altísimas anunciadas por el gobierno estatal respecto al arribo de capitales privados, nacionales y extranjeros, para asentar industrias en nuestro territorio.
Por otra parte, en el sector terciario (comercio y servicios), Veracruz tuvo un tímido crecimiento de 2.0 por ciento, lo que no le alcanzó ni para rescatar las cifras negativas de los sectores primario y secundario, ni para destacar en la tabla general, donde las entidades que mostraron mayor dinamismo fueron Baja California Sur (4.3%), Estado de México (4%), Querétaro (3.7%), Hidalgo (3.2%), Quintana Roo (3.1%) y Nuevo León (3%).
Hay que recordar que en el periodo analizado tuvo una importante aportación el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que sospechamos que el tercer trimestre será más bajo. El cuarto, por el que cruzamos, puede que se componga con los famosos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¿Desaparecerán las policías municipales?

Tal parece que el tema de la desaparición de las policías municipales, convertidas en brazos armados de los alcaldes y alcaldesas y en extensiones del crimen organizado, se ha vuelto asunto de la mayor importancia en el ámbito nacional.
Varios gobernadores ya se han pronunciado por una reforma policial que permita crear la policía nacional única y una más por cada entidad federativa, para que se hagan cargo de la seguridad en sus respectivos ámbitos de competencia.
Graco Ramírez, gobernador de Morelos, una de las entidades que padecen los más altos índices delictivos, propuso una reforma constitucional para quitar a los municipios la responsabilidad de la seguridad pública, y con él coinciden los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua, Rodrigo Medina y César Duarte.
Y es que el caso del asesinato y desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa en Guerrero fue la punta del iceberg para reconocer las condiciones que viven las corporaciones policiacas locales, las más cercanas a la población y que son manejadas a discreción por los presidentes municipales.
Los integrantes de estos cuerpos conviven permanentemente con las comunidades donde prestan sus servicios, normalmente sin la capacitación y armamento adecuados y ganando salarios de hambre que, investidos de fuerza e impunidad, tradicionalmente se traduce en extorsión y componendas. Para colmo, en muchísimos casos son cooptados por el crimen organizado, cuyos integrantes los someten a la disyuntiva de ganar más dinero o ser ejecutados, ellos o sus familias, y en muchos casos operan como brazos armados de los ediles.
Estos rasgos hacen riesgoso el actual modelo, definido en el artículo 115 Constitucional, que se refiere a la organización política y administrativa de las localidades. Sin embargo, pese a la tormenta reformadora de Enrique Peña Nieto, tocar al municipio y sus atribuciones puede ser una operación imposible, sobre todo en momentos en que se avecinan procesos electorales.
Lo cierto es que hará falta por lo menos que el gobierno federal y los de los estados apliquen políticas de vigilancia y operativos más agresivos para intervenir en aquellas policías en que haya incluso sospechas de una actuación ligada con las organizaciones criminales.

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