Ayotzinapa y su impacto en las candidaturas

Luis Alberto Romero

Hora Cero

La noticia de la captura del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, acaparó los reflectores no sólo en el ámbito nacional sino en los medios informativos de otros países. La llamada “pareja imperial” fue detenida cuando, con un bajo perfil, se escondía en la delegación Iztapalapa, del Distrito Federal. Se les acusa por la autoría intelectual del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.

El caso del ataque a los normalistas obligó a que nuestro país fuera llamado a comparecer ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el marco del 53 periodo ordinario de sesiones de ese organismo internacional.

Ha pasado más de un mes de la desaparición de los estudiantes y no se ha esclarecido este asunto; la Procuraduría General de la República continúa con las investigaciones; elementos de la Gendarmería Nacional siguen la búsqueda y prácticamente toda la atención gubernamental se concentra en la solución de este problema, que le costó la cabeza al gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, y puso en jaque al gobierno federal.

En este caso, al igual que en las inundaciones provocadas en septiembre de 2013 por el huracán Manuel, el gobierno del estado fue rebasado casi inmediatamente después de que se produjera el hecho; debido a ello, la federación envió al procurador, Jesús Murillo Karam, y al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, a fin de resolver un problema que amenazaba con crecer y generar, como finalmente ocurrió, una crisis política.

Durante la madrugada de este martes, el ex alcalde de Iguala fue detenido y ese acto de la autoridad podría ser la punta de la madeja para aclarar el caso y encontrar a los estudiantes que fueron agredidos y secuestrados.

Sin embargo, la actuación del gobierno estatal y federal quedó muy cuestionada por estos hechos: primero, por la evidente infiltración de los cuerpos policiacos y las autoridades locales por parte de las bandas delincuenciales que operan en Guerrero; segundo, por la búsqueda tardía de las víctimas; y tercero, por permitir la huida del ex alcalde de Iguala y su esposa, aunque finalmente este último punto ya fue resuelto.

Queda para el análisis la obligación de los partidos de investigar a los aspirantes a las candidaturas a cargos de elección popular, a fin de evitar incluir a políticos con nexos con la delincuencia organizada o con cualquier actividad ilícita.

José Luis Abarca enlodó la imagen del Partido de la Revolución Democrática y los costos será muy altos para la izquierda mexicana y en particular para el Sol Azteca y para el Movimiento de Regeneración Nacional, que tenía planeado postular a Lázaro Mazón, ex secretario de Salud de Guerrero, considerado amigo y padrino político del ex alcalde de Iguala, en las elecciones para renovar al poder ejecutivo del estado.

Hoy, perredistas como Rogelio Franco, aspirante a la dirigencia en Veracruz, señalan que no debe prevalecer la impunidad y que los partidos deben tener cuidado en el tema de la asignación de candidaturas, un asunto que, aunque resulte obvio, pasó inadvertido en el PRD; en ese sentido, el caso de Ayotzinapa podría contribuir a que todos los institutos políticos extremen medidas para no postular a personajes involucrados con actividades fuera de la ley; por ese motivo, más de un precandidato será excluido en el proceso electoral federal de 2015. @luisromero85