El nuevo momento mexicano: la crisis del Estado

Eduardo de la Torre Jaramillo

Escenarios
Los efectos sociales del caso Ayotzinapa, no se pueden identificar con el concepto gramsciano de “crisis”, ésta definida por el teórico marxista italiano como: “la crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”; y lo “viejo” no muere porque en el interior del sistema político mexicano y particularmente en el subsistema de partidos políticos, lo “viejo” sigue siendo lo que le da forma y consistencia a este sistema político, sustentado en el cemento de la sociedad política que es la corrupción, la cual se le vincula con la complicidad y la impunidad; y por supuesto lo “nuevo no puede nacer”, porque lo “nuevo” son las manifestaciones de rechazo, de indignación y hasta de violencia por parte de la sociedad; empero aún, no se desdobla de la protesta a la propuesta.
Probablemente ya pasamos una primera fase, que bien podría ser una crisis de legitimidad hacia las autoridades de justicia y hacia el gobierno en general, por cierto aquellas presentan un “cansancio crónico”, ya que la sociedad mexicana no le otorga credibilidad y ni confianza a sus funciones y sobre todo a su narrativa; pero ¿por qué está pasando este rechazo hacia las autoridades?, pues bien, el gobierno mexicano actúo en el caso de Iguala de la misma manera que ha actuado en décadas anteriores, pensaron que era un asunto de “operatividad política”, de reducirlo a un asunto menor, es decir local, y no de concepto.
La segunda fase se tradujo en una crisis de gobernabilidad, la que se podría reducir a la nulidad de resultados por parte del gobierno federal, quien tradicionalmente puso todo para intentar encontrar a los 43 normalistas y hasta el momento no hay certidumbre sobre el destino de los jóvenes, y lo peor que tienen que ser los expertos argentinos a quienes si le confiaron los padres de los estudiantes; por lo que al menos en el sistema de procuración y administración de justicia la crisis ya es sistémica, donde los ministerios públicos o fiscales, jueces, y policías son el problema y no la solución, más allá de la corrupción, todos ya están “cercados” por los grupos criminales; por eso están frente a las presiones internas y externas, lo que ya prácticamente desapareció al poder judicial.
Lo anterior, después de conjugarse la crisis de legitimidad y crisis de gobernabilidad, puedo definir que lo que está experimentando México es una crisis del Estado mexicano, donde el orden no se rige por la ley, sino por y desde el poder político, a través de los “arreglos, pactos, amarres” de manera cupular, que son opacos y discrecionales; cuyo resultado es el debilitamiento de las instituciones mexicanas desde el propio Estado, el cual perdió su razón de ser, que es dotarle de seguridad a sus ciudadanos a través del ejercicio del monopolio legítimo de la violencia; esto traducido en la ineficacia de sus policías hasta llegar al funcionamiento del poder judicial, éste es el centro del debate actual, porque el grave problema reside en nuestro efímero Estado de Derecho y en la cultura de la ilegalidad.
Continuando con la línea de interpretación anterior, para combatir la corrupción que ya es una institución nacional (no es algo cultural) se necesita una cultura cívica que la combata, es decir, las nuevas rutas que tendrá la sociedad civil organizada será en varias vías retomar una reforma al sistema penal, el cual implosionó y es muy complejo su rediseño; es pertinente mencionar que la reforma al sistema penal que arrancó en el año 2008tiene plazo para concretarse hasta el 2016 para que se implemente de manera general; sin embargo la llamada de atención de lo que sucedió en Guerrero, es sólo el comienzo de lo que se vive en el país, en cualquier municipio y en cualquier estado, la ineficacia y dsifuncionalidad de las instituciones locales, impiden tener un Estado eficaz.
Por otra parte, el pasmo gubernamental es tal, que en el pasado inmediato por citar dos ejemplos: en 1994 con la irrupción del EZLN y con la matanza en Acteal en 1997, en ambas situaciones se destituyó a los secretarios de gobernación de aquellos tiempos; actualmente, ni el procurador general de la república ni el secretario de gobernación han sido destituidos, quizá porque los dos son del estado de Hidalgo y se rompería su coalición gobernante entre la clase política del Estado de México e Hidalgo; si a esto le agrego que ni con la aprehensión de la “pareja infernal”, ni con una respuesta satisfactoria sobre el destino de los 43 normalistas se resuelve la crisis del Estado mexicano.
Finalmente, para recomponer la actual situación del Estado en México, será necesario aplicar la ley y ésta se convertirá en un enfrentamiento con las clases políticas en diversos estados, lo que implica necesariamente un proceso de “jibarización” de la elite política, es decir, no sólo el achicamiento de la clase gobernante, sino su purga jurídica, muchos tendrán que ser encarcelados para recobrar un poco de legitimidad de la sociedad frente a un gobierno extraviada en sus desdibujadas reformas estructurales. En fin, se tendrá que acceder a la justicia, ésta con la puesta en marcha del proceso donde los políticos tendrán que ser necesariamente justiciables.