Desaparición forzada

Luis Alberto Romero

Hora Cero

Los lamentables hechos ocurridos en Iguala hace un par de meses, los escándalos de corrupción y, sobre todo, la presunta complicidad entre diferentes instancias de gobierno y bandas delincuenciales motivaron el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido del inicio de una cruzada nacional en materia de procuración e impartición de justicia.

Un día después de que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, diera a conocer su iniciativa de Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada, que impone penas de 20 a 40 años de prisión, el ejecutivo federal anunció un paquete de reformas y acciones que enfocan su atención en el problema de la impunidad, la corrupción y en contubernio entre representantes de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión y quienes se dedican a las actividades delincuenciales.

El paquete anunciado ayer por Enrique Peña Nieto incluye reformas legales para evitar la infiltración del crimen organizado en los ayuntamientos del país; la definición de un sistema de competencias para que cada representante del gobierno asuma su responsabilidad; y la creación de policías estatales únicas, lo que implica la desaparición de unas mil 800 corporaciones municipales, un modelo que comenzará a funcionar en las entidades con mayores problemas en la materia: Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.

También se habla de un modelo de vigilancia y supervisión de los ciudadanos a las autoridades en el marco del combate a la corrupción con una fiscalía especial; de igual forma, el presidente de la República, en el marco de la defensa de los derechos humanos, planteó acciones contra la tortura y la desaparición forzada.

Se trata de medidas que se perciben como necesarias porque representan uno de los primeros esfuerzos serios en materia de combate a la impunidad y a la corrupción, sin embargo, llama especialmente la atención el punto relacionado con la desaparición forzada, sobre todo luego de dos meses de los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y la justificable exigencia de justicia por parte de la sociedad.

Desafortunadamente, la desaparición forzada es un delito más común de lo que parece: el pasado 9 de abril, por ejemplo, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, habló de 26 mil casos documentados en nuestro país. Más recientemente, el 8 de noviembre, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a resolver los problemas relacionados con las desapariciones forzadas.

En parte, debido a esas presiones internacionales y las manifestaciones sociales al interior del país, el gobierno federal determinó instrumentar las acciones que enlistó ayer el presidente Peña Nieto y que impactarán en todas las entidades de la República.

Hace más de 5 meses, por cierto, Veracruz legisló en la materia para prevenir y castigar la desaparición forzada, estableciendo penas de hasta 30 años de prisión a los servidores públicos que participen en este ilícito.

Hasta hoy, en la entidad no existe una sola sanción por este delito, ni han trascendido investigaciones o castigos a funcionarios que se hayan vinculado con actividades delincuenciales.

Lo importante es que las nuevas medidas anunciadas por Peña Nieto obligarán a las autoridades estatales y federales, así como a los partidos políticos, a indagar y revisar de forma minuciosa los antecedentes y el patrimonio oculto de quienes se dedican al servicio público. @luisromero85