Contra artistas, golpe bajo de Américo

Álvaro Belin Andrade

Hora Libre

El ayuntamiento de Xalapa podría dar un golpe bajo a la actividad artística independiente en la capital estatal. Los burócratas que acompañan a Américo Zúñiga Martínez solo ven números en sus hojas de cálculo y no se detienen a reflexionar sobre los efectos negativos de sus propuestas fiscales.

Con la posibilidad de aplicar impuestos a los espectáculos artísticos y culturales de toda índole, el ayuntamiento xalapeño –que no invierte ni el dos por ciento de su presupuesto en promover las actividades del espíritu– podría hacer desaparecer espacios y oportunidades para las pequeñas compañías de teatro, danza y música, muchos de las cuales se presentan en restaurantes y foros independientes a cambio de recibir el importe de las entradas lo que, pese a ser insuficiente para pagar sus producciones, les permite mantenerse en activo.

La mayoría de estos pequeños grupos, que no cuentan con apoyos institucionales para sobrevivir, verán cerradas las puertas de muchos negocios como bares y restaurantes, cuyos propietarios aprovechan la enorme disponibilidad de artistas en la capital estatal para atraer comensales ofreciéndoles espectáculos en vivo.

Por ello, la rehabilitación del impuesto a todos los espectáculos podría limitar la actividad de diversos foros y teatros independientes que mantienen con vida la creación artística que no depende de la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Educación, el Instituto Veracruzano de la Cultura, el gobierno estatal o el ayuntamiento.

En el mejor de los casos, los centavos que los grupos artísticos recolectan entre los asistentes podrían ser mermados poco antes de actuar, gracias a ávidos inspectores municipales prestos a aplicar la tasa impositiva, restando a la exigua recolecta la porción que reclama el ayuntamiento.

Américo y sus funcionarios han tratado de disfrazar (y minimizar) la treta, argumentando que ya estaba en el anterior código financiero municipal, pero lo cierto es que van a arrear parejo, sin considerar un punto importante: prácticamente todos los grupos artísticos actúan en los antros, restaurantes y foros sin cobrar un quinto a los propietarios, quienes se desentienden del cobro de entradas (cóver) porque su importe es el que piden los artistas para sobrevivir.

Brito Gómez, insensible

Aunque debiera tener una mayor conciencia del problema, la directora de Cultura, Educación y Deporte del ayuntamiento, Noemí Santa Brito Gómez, ha salido a defender el esquema solo por el hecho de no ser nuevo.

“El código señala que por diversión o espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante, que se verifique en salones, teatros, estadios, carpas, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando el importe del boleto de entrada o de cualquier otro derecho de admisión, excepto cines”.

Habría que ver si, estando en vigencia, el ayuntamiento local retiró su parte de los boletos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe; también habría que analizar los antecedentes en arte y cultura de la funcionaria, cuya única virtud es ser la hija del viejo político priista, Carlos Brito Gómez, integrante del influyente grupo de exdirigentes partidistas en que también participa Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, padre a su vez del actual alcalde (Los juniors en plena cofradía).

El problema es que muy pocos empresarios de servicios organizan espectáculos con ese fin, pues les sale más barato poner música grabada.

Cientos de artistas locales han encontrado en ese mecanismo una manera de subsistir y mantener sus proyectos en el conocimiento de los diversos públicos locales, lo que constituye además un atractivo turístico para la ciudad.

Veámoslo de la siguiente manera: Las autoridades municipales ejercen mecanismos de subsidio que se enfocan a los grupos sociales con ánimo electoral, invirtiendo millones de pesos en despensas y demás artimañas.

Por ello, suena dramático que, sin invertir mucho en la esencia turística de la ciudad, famosa por la intensidad, cantidad y calidad de sus artistas, ahora pretenda golpear a los grupos independientes metiendo la mano de su tesorero.

El ayuntamiento xalapeño podría ser reconocido incluso a nivel nacional si establece esquemas distintivos de cobro y, con ello, establece mecanismos de subsidio que no le costarían nada (solamente no ingresaría miserables contribuciones), mediante la exención del impuesto a quienes con enorme sacrificio muchas veces cumplen con presentarse aún ante pocos parroquianos y, por tanto, no les alcance ni para el transporte.

¡Vaya insensible alcalde que le tocó a la Atenas veracruzana!

Ante EPN, ¿todo o nada?

Aunque no se haya visto de esa manera, lo propuesto la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto es una victoria, a medias, de la gran movilización nacional suscitada a raíz de los hechos (sin aclarar) ocurridos en Iguala con el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ciertamente, Peña se quedó corto. Prefirió el camino de los golpes mediáticos que, por cierto, no le salieron, y mantuvo a dos importantes funcionarios de su gabinete legal y ampliado que no actuaron de acuerdo con sus respectivas responsabilidades, lo que permitió que el gobierno federal terminara directamente involucrado, por omisión, en la escalada de violencia permitida que terminó con los hechos que todos conocemos.

Aunque no lo hizo en su momento cumbre, Peña Nieto deberá pedir lo más pronto posible las renuncias tanto del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong como de su cansado procurador Jesús Murillo Karam, dos exgobernadores hidalguenses que, abusando de la circunstancia política marcada por los acuerdos del Pacto por México, omitieron actuar a tiempo contra el exalcalde José Luis Abarca, acusado de asesinar a un dirigente perredista de su municipio, para evitar una salida del PRD de los acuerdos para las reformas propuestas por la Presidencia de la República.

Lo cierto es que muchas de las propuestas anunciadas por Peña deberán ser tomadas como una ruta de la que no debe desviarse y presionar para que las cumpla.

Lo de las policías estatales unificadas debe verse como un simple manotazo sobre la mesa. En el fondo, debió reconocer que su gobierno no actuó por un supuesto respeto a las facultades de los otros niveles de gobierno, el estatal (con un exgobernador perredista más cómplice que complaciente) y el municipal, con un alcalde dirigiendo a un grupo criminal que llevaba tiempo sembrando cadáveres en fosas clandestinas.

Tendrá que analizarse la situación que enfrenta cada una de las corporaciones policiacas municipales, al menos durante el tiempo en que sea posible, técnica y presupuestalmente, cumplir con crear los mandos únicos estatales.

Otro punto en que Peña Nieto escupió para arriba es el de la transparencia y la lucha contra la corrupción, un tema que fue criticado dentro y fuera del país porque se han descubierto diversas acciones en que, aprovechando el puesto, la familia presidencial se ha enriquecido ilícitamente y ha puesto el beneficio de diversas licitaciones multimillonarias a favor de empresas que le reditúan fortunas y bienes inmuebles.

Lo cierto es que, contra lo omitido por el presidente Peña en su decálogo del jueves pasado, lo anunciado deberá ser cumplido, bajo reclamo social, para lograr paulatina pero firmemente la recuperación del Estado de Derecho, hoy puesto en duda por la acción de las bandas criminales, la complicidad de los gobiernos estatales y municipales y la ineficiencia del gobierno federal.