Lagunas en las propuesta de seguridad y justicia

Ricardo Vázquez Salazar

Esfera Política

Un signo inequívoco de que la desesperación y el temor se está apoderando de la clase gobernante, es la recién aprobada reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución para que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios expidan normas en materia de movilidad universal que permitirían a la autoridad “impedir la libre manifestación en las calles”. Dicha reforma fue aprobada por mayoría calificada por el PRI, PAN y PVEM.

No sería extraño que grupos de poder estén deseosos de complicar más el escenario que vivimos; que se incendie por completo la nación, criminalizando la protesta. A río revuelto…

Las propuestas de seguridad y justicia que hoy plantea el Ejecutivo Federal, están generando una serie de interrogantes y lagunas en diferentes planos.

Un ejemplo de esto que continúa provocando incertidumbre, son los vacíos que existen en el sistema financiero nacional. Las leyes que supuestamente deben regular las acciones de esta naturaleza son además de débiles, vulnerables a la corrupción.

Inversiones medianas o grandes se siguen realizando sin absolutamente ningún control; lo acabamos de observar con los negocios del hoy recluido ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, dueño de centros comerciales y de una cadena de joyerías entre otros.

Las grandes inversiones mal habidas no son privativas de la delincuencia organizada, también pertenecen a la delincuencia de cuello blanco; de actores políticos y autoridades policiacas a diferentes niveles, o de participación tripartita con la asesoría y apoyo de instituciones financieras, desde casas de cambio hasta bancos internacionales, a través de los cuales continúan surgiendo nuevos negocios de dudosa procedencia: constructoras, hoteles, restaurantes de lujo, edificios, complejos inmobiliarios, etcétera. Sin que exista una ley en nuestro país que impida llevar a cabo negocios ilícitos.

En cuanto a la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente Peña Nieto que pretende replantear a nivel nacional el sistema de policías en los municipios, mediante el establecimiento de un Mando Único Policial Estatal, también ha engendrado dudas.

Como lo menciona la propuesta: “Que las familias mexicanas salgan de sus casas con tranquilidad y que los policías más cercanos a ellas, sean personas profesionales, confiables y cuyo principal interés sea garantizar su seguridad”, propósito que se percibe demasiado complicado, porque si el sistema planteado contempla que los gobernadores serían los encargados de manejar la totalidad de la corporación policiaca de sus entidades, esto se torna en una preocupación más.

El antecedente que ya existe de que ex gobernadores han sido requeridos por fiscales estadunidenses a las autoridades mexicanas –sin que haya respuesta hasta este día- por sus nexos con el crimen organizado, como son los casos de Tomas Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores de Tamaulipas, así como la mención en una investigación del ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán de haber recibido 20 millones de dólares para su campaña, a cambio de otorgarle facilidades para operar al crimen organizado, dando como resultado la desaparición y muerte de decenas de miles de veracruzanos.

El simple hecho de que existan o sigan surgiendo gobernadores que nieguen o traten de ocultar a la población y al Ejecutivo Federal la realidad de lo que ocurre: que no pasa nada; que digan que no hay tal crisis, es un motivo más de inquietud para la ciudadanía por ser la principal afectada.

En su propuesta, el Mandatario enfatiza al decir: “México requiere una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construida. Una reforma superficial sería insuficiente e irresponsable”.

Ante esto, Peña Nieto tiene todavía en sus manos la posibilidad de llevar a cabo una transformación profunda, en serio; no superficial, insuficiente e irresponsable. Ahí está la oportunidad para comenzar.

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