Una agenda incómoda

Ricardo Vázquez Salazar

Esfera Política

“A Estados Unidos le afecta el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre pasado y la violencia en México”, reconoció el presidente Barak Obama el pasado martes en una entrevista en Washington.

Ojos norteamericanos, humanos y tecnológicos están puestos las 24 horas en nuestro país. Cualquier suceso que ocurre no es indiferente. De inmediato se enciende un foco amarillo si se presenta algún acontecimiento que represente un mínimo de riesgo o amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos.

A finales del mes de noviembre, un grupo de 14 senadores norteamericanos, encabezados por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez, urgió al secretario de Estado John Kerry, para ofrecer asistencia a México en las pesquisas para esclarecer el caso de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados. La situación en Guerrero “es síntoma de un problema más grande que ha sido endémico en México durante los últimos años”, enfatizaron los senadores.

El próximo 6 de enero, Barack Obama, recibirá a Enrique Peña Nieto, para seguir fortaleciendo la “estratégica” alianza bilateral y ampliar la cooperación en seguridad, economía y asuntos sociales, según lo anunció el pasado viernes la Casa Blanca.

En la agenda que Obama y Peña habrán de atender, se prevé que sobresalga la crisis que enfrenta nuestro país, que como lo expresaron los senadores norteamericanos, existe un problema grande que ha sido endémico, engendro de corrupción e impunidad.

El gobierno norteamericano ha venido insistiendo y presentando los sustentos de corrupción de funcionarios y ex funcionarios mexicanos involucrados con la delincuencia organizada. Apenas este fin de semana el gobierno de Estados Unidos informó que inició una demanda civil contra el actual Secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, para llevar a cabo la confiscación de 1.1 millones de dólares depositados en cuentas de bancos de Texas. Los fondos presuntamente provienen del lavado de dinero, derivado de sobornos a cambio de la asignación de contratos. El mes pasado un jurado federal en el sur de Texas acusó formalmente al ex presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, Erick Agustín Silva Santos, de lavado de dinero y otros delitos financieros.

La lista de actores políticos mexicanos que han contribuido a la crisis que enfrenta nuestro país se está haciendo cada día más larga. La semana pasada se dio a conocer que autoridades de EU continúan investigando políticos mexicanos y sus familiares, con aspiraciones a un cargo de elección popular, para determinar si tienen vínculos con el crimen organizado.

Cuatro ex gobernadores mexicanos han sido requeridos o señalados directamente por fiscales federales estadunidenses de haber tenido nexos con cárteles; han afirmado en repetidas ocasiones que funcionarios estatales mexicanos corruptos han gastado millones de dólares de dinero sucio para comprar propiedades en Texas, Arizona y Florida principalmente. Los millones de dólares invertidos han sido producto de encubrimiento, complicidad y el otorgamiento de plena libertad a los cárteles para el trasiego de droga y secuestro, en base a información oficial norteamericana.

La crisis de inseguridad, violencia e inestabilidad que se vive en nuestro país será el tema prioritario a tratar el próximo seis de enero en Washington. Antes de que la bomba le explote en las manos al presidente Peña Nieto, tendrá que reaccionar y atender las cartas que Obama le pondrá sobre la mesa; que de ser así, daría una fuerte sacudida a la clase gobernante en México.

No obstante que Estados Unidos enfrenta problemas raciales con protestas que continúan creciendo y expandiéndose a varias metrópolis, porque policías blancos asesinan jóvenes afroamericanos; a Obama lo tiene preocupado, y mucho lo que está sucediendo en México.

SI CON LA ARBITRARIEDAD de las grúas ya tienen a los automovilistas xalapeños demasiado molestos. ¿Ya midieron las consecuencias si aprueban los parquímetros? De llegar a implementarse, abonarían de manera considerable al clima de inconformidad. El electorado lo tendrá presente. ”Los parquímetros son negocios de particulares que no ayudan en nada”, señaló el diputado local Ricardo Ahued Bardahuil.

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