Froylán Ramírez Lara
Columna invitada
Si la tradicional manera de promoverse a un cargo de representación popular impera, habrá desencanto, sanciones y quizá cárcel.
Precandidatos de diez partidos políticos así como aspirantes independientes, salen a la palestra en busca del voto para que se dé la ansiada postulación; abril y mayo serán de campañas para arribar al domingo 7 de junio y obtener el voto.
Está firme la norma para la utilización de material textil, reciclable y biodegradable para la propaganda electoral y desde luego, la prohibición expresa de dar artículos promocionales utilitarios, so pena de incurrir en violaciones a la norma vigente y hacerse acreedor a sanciones entre las que están, el no registro como candidato o ya estándolo, perderlo, o habiendo ganado la elección, ser anulada por haberse excedido en el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado; por comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión ; o, en su caso, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilicita o recursos públicos en las campañas.
La claridad de la norma, está: la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partídos; coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con la ley y se presumirà como medio de presión al elector para obtener su voto.
La normatividad auspicia la equidad en las precampañas y campañas; algunos actores políticos la distorsionan pero la realidad les hará tomar su lugar en el concierto del voto real.
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