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    Luis Alberto Romero

    Hora Cero

     

    Para que exista un funcionario corrupto, un alcalde que asigna contratos de manera discrecional y en detrimento del erario, un burócrata adicto a meter mano al dinero público, debe existir también un empresario que se preste a la transa y al contubernio.

    Cada año, en los resultados de las revisiones de los órganos fiscalizadores que auditan el ejercicio del presupuesto, encontramos observaciones y toda clase de irregularidades en oficinas de los tres niveles de gobierno; para constatarlo, basta revisar los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación o del Órgano de Fiscalización Superior.

    En esos casos, es tan culpable el funcionario que se corrompe como el contratista o empresario que soborna. Sin embargo, hasta hoy la ley sólo fincaba responsabilidad a los servidores públicos involucrados en actos deshonestos, pero ignoraba a la otra parte, que es fundamental para cerrar ese círculo vicioso.

    Ese es uno de los principales cambios que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado el pasado jueves en la Cámara de Diputados con los votos a favor de las bancadas de PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Panal.

    Esa iniciativa, que fue turnada al Senado de la República, otorga mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, que podrá fiscalizar prácticamente en tiempo real, así como a otras dependencias que integrarán el sistema, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Judicatura Federal, entre otros organismos.

    Una vez aprobada la iniciativa por la Cámara de Senadores, lo cual podría ocurrir en abril, y al entrar en vigor la reforma anticorrupción, los recursos estatales también serán revisados por la Auditoría Superior de la Federación.

    Por otro lado, destacan las sanciones a que se harán acreedores los particulares involucrados en actos de corrupción en sus relaciones y tratos con el gobierno. Logrado ese avance en materia de fiscalización, el siguiente paso es abordar el tema de la impunidad, porque de poco sirve auditar si no se castiga a los responsables de violar las leyes. @luisromero85

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