Miguel Ángel Cristiani Glez.
Bitácora
Los diputados federales que ya están próximos a terminar su gestión, acaban de hacer esta semana una petición a los congresos estatales de 17 entidades del país, para que ya no retrasen más la reforma constitucional que regulará la forma de endeudamiento de municipios y entidades de la federación.
Todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, pidieron a los congresos locales que aprueben el documento que establece las reglas para la disciplina financiera en estados y municipios.
Pero, a nivel federal el Congreso ya aprobó la mencionada reforma, pero como se trata de una modificación a la constitución, se necesita que al menos 17 de los 31 congresos locales la aprueben y hasta ahora solamente 14 le han dado el visto bueno, por lo que se necesitan otros tres para poder entrar en vigor.
El problema es que debido a que no existía una adecuada reglamentación, las obligaciones financieras de los estados y municipios aumentaron casi 208 por ciento entre 2000 y 2014: pasaron de 165 mil 544.7 millones de pesos (millones de pesos) a 509 mil 690.3 millones de pesos.
La contribución de cada entidad federativa a la deuda total varía enormemente. En un extremo se ubican el Distrito Federal, Nuevo León, Colima, Veracruz y el Estado de México; entidades con una deuda que oscila entre 39 mil 507.3 y 66 mil 881.5 millones de pesos.
Por el otro lado, Querétaro, Campeche, Baja California Sur y Yucatán tienen una deuda inferior a 2 mil 500 millones de pesos. Tlaxcala es el único estado que cerró el 2014 libre de deuda.
Al comparar la deuda de cada entidad respecto a sus ingresos totales, el panorama es igualmente diverso. Mientras que en estados como Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila las obligaciones financieras superaron a sus ingresos, en 21 entidades la deuda representó un tercio de sus ingresos.
La reforma establece que los congresos locales autoricen la deuda y sugieran topes máximos de endeudamiento. Las nuevas disposiciones también crean una comisión bicameral federal que analizaría y emitiría observaciones sobre la estrategia de ajuste de las finanzas públicas de los estados, y establecen la creación de leyes generales en materia de responsabilidad hacendaria, que incluirían la creación de un Registro Público Único de Deuda.
La reforma contempla nuevas reglas para la contratación de empréstitos, los cuales podrán realizarse para inversiones públicas productivas, o para el refinanciamiento y reestructura de las finanzas estatales, pero en ningún caso para cubrir gasto corriente.
El filósofo del pueblo Pancho López comenta:
Ya sabemos que estamos endeudados los veracruzanos, la pregunta es a dónde fueron a parar esos miles de millones, que no se ven por ninguna parte.
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