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Diego Moreno
Detectives Salvajes
El 10 de febrero de 2014 se publicaron reformas a la Constitución General de la República en materia política- electoral, entre ella, estableciendo la autonomía del Ministerio Público de la Federación, para evitar el uso político de la facultad de persecución penal del Estado.
En el caso de Veracruz, el 9 de enero de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial, ciertas reformas y entre ellas al Ministerio Público de nuestra entidad para otorgarle la autonomía necesaria para la investigación y persecución de los delitos Tanto la federación como nuestra entidad eran gobernados por regímenes priistas.
El 29 de enero de 2015, en cumplimiento de dicha reforma constitucional, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, publicó la actual “Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, donde cumpliendo con el mandato de la Constitución, señalaba que, el Ministerio Público se organizaría en una Fiscalía General como órgano autónomo del Estado.
Dichas reformas fueron motivadas por la falta de confianza de la población, en la eficacia y transparencia de la ya extinta Procuraduría, pues destacaban siempre en la persecución de los delitos los conflictos de interés causados por la falta de autonomía de ésta ante el Poder Ejecutivo.
Las reformas que se dieron en su momento no sólo implicaban el cambio de denominación de dicha institución -de Procuraduría a Fiscalía-, sino que implicaba “una transformación de gran calado al interior de los organismos de procuración de justicia en los estados, pues implicaba una ambiciosa reingeniería institucional y la preparación del terreno para una instancia autónoma y eficaz”.
Durante estos 10 años de autonomía, desde la teoría se hablaba que la independencia del Ministerio Público representaba una herramienta indispensable para el correcto desempeño de sus funciones, y que tal independencia no sólo debía limitarse al hecho de que la Procuraduría del Estado no pueda ser destituidos por el Titular del Poder Ejecutivo, sino que dicha “nueva” Fiscalía tuviera garantías de desempeño en la persecución de los delitos, como autonomía presupuestaria, autonomía de gestión, y personalidad jurídica y patrimonio propio.
Y digo estos 10 años de autonomía, porque a medianoche del martes pasado, y contrario a esta evolución en la procuración de justicia en nuestro país, la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó una reforma-impulsada por Morena y aliados- que tienen una sola intención: que el Poder Ejecutivo controle a la Fiscalía General del Estado.
Dicha aprobación, no fue un cambio de denominación de Fiscalía a Procuraduría, sino algo más profundo, dicha aprobación, le devuelve al Poder Ejecutivo la facultad de designar y remover al titular de dicho órgano, a discreción.
Esto refleja la percepción del gobierno actual, pues la función del ministerio público lejos de ser considerada como prioritaria a efecto que las investigaciones penales no se vean comprometidas, lo que si consideran prioritaria es la sumisión de dicho órgano al Poder Ejecutivo. ¿Por qué será?
Llama la atención, que exactamente en la Exposición de Motivos de dicha reforma, explícitamente se reconozca que, con esta modificación, donde la persona Titular del Poder Ejecutivo, sea quien proponga el nombramiento de la persona Titular de la Fiscalía General del Estado, “se busque construir un modelo de coordinación reforzada y responsabilidad compartida”.
Nuestra historia ya nos ha enseñado de que va, cuando el Poder Ejecutivo refiere una “coordinación reforzada y responsabilidad compartida”, y aunque ya conocemos la experiencia histórica en la sumisión de las investigaciones penales al Ejecutivo, seguimos condenándonos.
En esta ocasión, el Legislativo no cambio la denominación de nuestro Órgano persecutor a las Procuraduría de los regímenes autoritarios, sin embargo, regresó la facultad de designación y remoción del titular de la Fiscalía, a discreción.
La supuesta “coordinación reforzada y responsabilidad compartida” como argumento para esta modificación, es el lenguaje que usaba los regímenes autoritarios y que nuestra historia ya ha descifrado: es el eufemismo perfecto para el control político de las investigaciones penales.
La autonomía que se buscaba a nivel estatal en el año 2015 para evitar el uso político de la facultad de persecución del Estado ha sido desmantelada. Hoy regresa la Procuraduría.