Carlos Miguel Acosta Bravo*
Impronta
La nueva Ley General de Aguas, aprobada en lo general y particular por la Cámara de Diputados el 3-4 de diciembre de 2025 con 324-328 votos de Morena y aliados, crea un marco para regular el agua como derecho humano, elimina transmisiones de concesiones entre particulares (sustituidas por «reasignaciones» controladas por CONAGUA), prohíbe herencias automáticas de títulos (requiriendo acreditación sucesoria para nuevo título con mismo volumen, uso y plazo), caduca concesiones no usadas y obliga a devolverlas a CONAGUA para redistribución, además de regular volúmenes, crear un Registro Nacional del Agua y priorizar usos humanos y productivos.
Para este tema vale la pena asomarse al periodista Sergio Sarmiento, quien con base en información de la Semarnat (Reforma 4-12-2025) apunta que el consumo humano a expensas del uso industrial. El propio gobierno ha difundido la mentira de que las refresqueras utilizan gran parte del agua del país, pero en realidad solo consumen 0.06 por ciento. Un 76.3% se utiliza en la agricultura; el abastecimiento público representan el 14.4% y la industria autoabastecida solo un 4.3 %. A esto hay que añadir un 4.2% para la generación.
Con base en estos datos es que la ley genera incertidumbre al centralizar el control de concesiones en CONAGUA, afectando a agricultores y productores de granos (maíz, trigo) en regiones como Sinaloa y Guanajuato, donde módulos de riego podrían desaparecer sin derechos transferibles, reduciendo superficies sembradas y productividad. Ejidatarios y más de 30 mil productores con pozos enfrentan riesgos de amparos masivos por violaciones constitucionales, limitando inversión en riego y modernización.
Podría disminuir cosechas al restringir acceso a agua heredada o transferida, forzando ventas de tierra sin garantía de reasignación rápida y exponiendo a pequeños productores a caducidad por no uso estricto, lo que amenaza la seguridad alimentaria nacional en granos básicos. Aunque promete regularizaciones sin retroactividad, la oposición y CNA advierten menor producción de alimentos y mayor vulnerabilidad para familias campesinas dependientes de pozos familiares.
La nueva Ley de Aguas, aprobada en diciembre de 2025, afectaría negativamente la disponibilidad de agua para la siembra de maíz y trigo en el ciclo agrícola 2025-2026 (otoño-invierno, iniciando noviembre-diciembre) al centralizar concesiones en CONAGUA, prohibir transferencias/herencias automáticas y caducar títulos no usados, generando incertidumbre jurídica en regiones clave como Sinaloa, Sonora y Guanajuato.
Sinaloa, principal productor de maíz (1.8 millones de toneladas proyectadas para 2025), enfrentaría restricciones en pozos de libre alumbramiento (unos 7 mil) y módulos de riego, reduciendo hectáreas sembradas hasta en 30 mil en Sonora y limitando riego por reasignaciones lentas, lo que podría bajar producción 10-20% por falta de agua garantizada.
El trigo sufriría más drásticamente: Sonora y Baja California suspenderían 200 mil hectáreas en Sonora y 40 mil en BC, con Valles del Yaqui-Mayo declarando «imposible» sembrar para 2025-2026 por primera vez en un siglo, debido a demanda alta de agua y transición forzada a cultivos alternos bajo control estatal.
La sequía preexistente agravaría caídas (trigo -41% nacional en 2025), elevando importaciones de grano estadounidense que están desmotivando la producción nacional (maíz a 25 millones de toneladas, trigo a 6.7 millones) y amenazando la seguridad alimentaria, con pequeños productores vulnerables a burocracia y delitos hídricos nuevos que parecen querer a la cárcel a campesinos mexicanos, esperemos que al llegar a la Cámara de Senadores se escuché a productores agrícolas y logren encontrarse los puntos de equilibrio que permitan la producción, brinden certeza y certidumbre a productores agrícolas.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.