¿Combate a la corrupción?

Gabriel Arellano López

EscenarioEn la tempranera conferencia de prensa que ofreció el lunes, el gobernador Javier Duarte pareció ilustrarnos sobre un aparente combate de su administración contra la corrupción oficial. Dio estadísticas: en los últimos 5 años, la Fiscalía General del Estado inició 3 mil 424 investigaciones ministeriales contra funcionarios públicos, principalmente de la misma Fiscalía y de la SSP (mil 322)
Luego, el mandatario aseguró que “se trabaja para rendir buenas cuentas” y citó que “se actuó en contra de 306 servidores públicos, de los cuales 23 ya fueron sentenciados, 113 se encuentran sujetos a proceso, 73 cuentan con orden de aprehensión y en 97 casos se ha dictado el sobreseimiento”.
Informó que de estas 3 mil investigaciones, 84 están siendo atendidas por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, 83 por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Atención a Periodistas; 2 mil 523 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, y 734 casos por las Fiscalías regionales.
Pero lo que Duarte no nos dijo fue que la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió perdonar a los 11 funcionarios y ex funcionarios estatales que fueron denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunto desvío de recursos en la cuenta pública 2012.
Según un reportaje publicado en la Jornada Veracruz, “dichas denuncias presentadas entre el 1º y 30 de noviembre de 2014 ante la Procuraduría General de la República (PGR) fueron integradas, pero debido a que la posible comisión de delitos se trataba de índole del fuero común, se remitieron a la Fiscalía General del Estado”.
¿Y qué hizo el cumplidísimo y celoso paladín de la justicia Luis Angel Bravo Contreras? Simple: decidió no proceder contra los 11 funcionarios públicos involucrados, entre los que destacan el ex contralor Iván López Fernández y el ex encargado de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Carlos Aguirre Morales.
Luego de que la PGR se negó a transparentar el nombre de los funcionarios involucrados, el Instituto Nacional de Acceso a la Información obligó a dicha dependencia a dar a conocer el listado de las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación en noviembre del año pasado, así como el nombre de los funcionarios involucrados, se advierte en el trabajo periodístico firmado por Jair García.
“Las denuncias fueron integradas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, la cual abrió investigaciones en contra del ex titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Iván López Fernández, el ex encargado de la Sefiplan, Carlos Aguirre Morales y el ex encargado del Seguro Popular en Veracruz, Leonel Bustos Solís.
“También fueron denunciados Timoteo Aldana Carrión, ex director administrativo; ex jefe del Departamento de Contabilidad; José Rafael Méndez Escobar, ex asesor; Enrique Rodríguez Piñero, ex director de Recursos Financieros, todos ellos de la Secretaría de Salud.
“También Jorge Jaramillo Méndez, ex director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y Jesús Guillermo Villegas Ríos, ex director de Control y Evaluación de la Contraloría.
“A la par, la Procuraduría General de la República remitió otras 3 denuncias a la FGE en contra de quien resulte responsable, donde se presume pudieran estar involucrados los actuales diputados federales Adolfo Mota Hernández, Édgar Spinoso Carrera y Tarek Abdalá Saad.
“La PGR decidió declarar la incompetencia en las averiguaciones AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP 379, 384, 377, 383, 378, 380, 375, 371, 370, 372, 376 y 374 para que fuera la Fiscalía General del Estado la que continuara con las investigaciones, pues encontró elementos de la posible comisión de delitos del fuero común, sin embargo el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras decidió no proceder contra ninguno de esos ex funcionarios y cerró las denuncias”.
Qué tal, ese es el “trabajo para rendir buenas cuentas” que hace el gobierno duartista y la Fiscalía que dice que no está a su servicio.
DESESPERACION EXTREMA
Más allá de rencores y resentimientos, dolos, diferencias, etcétera, resulta una pésima señal la presumible llegada de Alberto Silva Ramos a la dirigencia priista estatal, porque no lleva otro fin que la pretensión necia de influir y determinar una sucesión, decisión que aún no acaban de entender en Palacio de Gobierno que le corresponde a Los Pinos.
Debe ser terrible la época que se vive en Casa Veracruz por la pérdida del poder cada vez en mayor medida, pero lo peor, en un contexto de enfrentamiento y división profunda con las fuerzas políticas que prevalecen y prevalecerán en el cambio sexenal.
Se requiere inmadurez, desesperación y desestabilidad para insistir en los lances suicidas que estamos viendo de un tiempo a la fecha. Bromas de mal gusto, ataques a logros presidenciales, enfrentamientos a diestra y siniestra y, ahora, la decisión unilateral de ejecutar cambios en el partido que van contra todas las leyes no escritas seguidas por décadas al interior del sistema priista.
Es absolutamente una falta de respeto al presidente Enrique Peña Nieto (otro clavado suicida) pretender apropiarse del PRI para imponer una candidatura que le corresponde única y exclusivamente al propio Presidente de la República, líder nato del Revolucionario Institucional. ¿Tan difícil de entender es esto?
2004 y 2010 quedaron atrás. Las condiciones cambiaron radicalmente. Ahora quien gobierna el país es un priista y, por lo tanto, la candidatura a gobernador vendrá del centro. Como ha sido siempre. No de otra manera.
Hubo la esperanza de hacerle creer a la militancia priista que el senador Pepe Yunes había consentido la llegada de Silva Ramos, sumándose a otras señales enviadas en aras de crear la fantasía de acuerdos entre Palacio de Gobierno y Yunes Zorrilla. Nada más falso.
Hay que insistir en que se trata simplemente de otro pésimo mensaje a los veracruzanos y a la clase política en particular, mensaje de un grupo que se aferra con las uñas al poder, luego de protagonizar años de saqueo e impunidad que tienen a Veracruz en la peor crisis de su historia.