Ricardo Vázquez Salazar
Esfera Política
El lamentable crimen del diputado federal Gabriel Gómez Michel, del Distrito 18 con cabecera en Autlán de Navarro, Jalisco, levantado el pasado lunes por la tarde por un comando armado en la zona metropolitana de Guadalajara cuando se dirigía al aeropuerto, su cuerpo apareció calcinado la madrugada del martes en Zacatecas; crimen que pudo haber evitado la policía local como se exhibió, pero no lo hicieron; la razón, sólo la misma policía lo sabe.
A los crímenes de esta semana, se suma el de Braulio Zaragoza Maganda secretario general del CDE del PAN en Guerrero, asesinado este domingo por al menos tres sujetos en un restaurante de Acapulco. Acontecimientos que indican que ya no hay barreras que detenga a los criminales para afectar a las esferas más altas de Poder en nuestro país.
Cuando anteriormente los crímenes cometidos por la delincuencia contra el sector oficial, se reducían a eliminar ediles o síndicos de algún pueblo marginado; hoy han rebasado la trinchera legislativa federal; tal y como le ha sucedido a decenas de miles de ciudadanos comunes, sin fuero ni poder, afectados por el crimen organizado.
Como lo hemos comentado este espacio, no puede ser posible que pase inadvertido que las fuerzas castrenses: Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México, son las instituciones que en primer término continúan inmóviles en el frente de batalla, en la guerra que se libra al interior de nuestro país contra el crimen organizado. Sin embargo, hoy tal parece que hay quienes pretenden quemar con leña verde a las fuerzas armadas por el enfrentamiento del pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, entre militares y delincuentes, con saldo de 22 personas muertas.
Evidentemente que la acción de los militares en esta lucha, se limita a detener a los delincuentes para entregarlas a las autoridades ¿Pero de qué otra manera detienen a criminales de alta peligrosidad dispuestos a todo? Lo que no se debe perder de vista que en el caso Tlatlaya fue un enfrentamiento contra el crimen organizado, no fue en contra de inocentes; que además la supuesta testigo formaba parte del grupo delincuencial, lo que despierta sospechas, si sus argumentos son con el afán de desacreditar a la milicia.
Ante esto, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda señaló que “el compromiso de los soldados es el de proteger a la sociedad, respetando irrestrictamente sus derechos fundamentales, y que cualquier conducta que se aleje de ese precepto será llevada a las instancias jurídicas correspondientes, para que éstas determinen lo conducente”.
Hoy más que nunca es evidente que las Fuerzas Armadas son la columna que sostiene a los mexicanos y al Estado; aunque haya quienes no lo vean de esa manera. En un acto en fecha reciente, el presidente Peña Nieto expresó su “permanente e invariable reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su entrega leal, patriótica, de servicio y compromiso con la Nación”.
No ha faltado quienes están ansiosos por estrenar las reformas al Código de Justicia Militar, soslayando la labor que han venido realizando las fuerzas castrenses, que en la última Audiencia Pública en Materia de Justicia Militar celebrada en el Senado de la República en febrero pasado, altos mandos castrenses encabezados por el procurador general de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez; Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, primer magistrado del Supremo Tribunal Militar, Alejandro Ramos Flores, jefe de asesores del Estado Mayor de la Defensa Nacional y Alejandro Miguel Vázquez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, Semar, expusieron los argumentos a favor de un dictamen ponderado que asegure certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. En aquella ocasión, en resumen los oficiales castrenses expresaron: «Nos pidieron que limpiáramos la casa y nos reprochan que los hayamos empolvado».
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A SU RESPONSABILIDAD, el senador veracruzano José Yunes Zorrilla, ajeno a las discriminaciones como ha sido siempre su postura, aseguró que no hay intereses políticos ni partidistas en la entrega de apoyos a caficultores, por el orden de 400 millones de pesos, quien este viernes informó de manera oficial que a partir del lunes se abren las ventanillas de pago a productores veracruzanos que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Cafeticultores. Yunes Zorrilla indicó que el recurso será entregado primeramente por 110 millones, posteriormente por 140 millones; el resto estaría entregándose una vez que se tomen acuerdos sobre la manera en que serán aplicados en el cultivo del aromático.
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