La reedición del oro molido

Luis Alberto Romero

Hora Cero

Antes de cumplirse dos meses de que la Secretaría de Desarrollo Social diera a conocer los detalles del Blindaje Electoral en las entidades que tienen procesos locales este año, las máximas dirigencias de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática revelaron audios que involucran a la Sedesol, y particularmente al coordinador de Prospera en la delegación veracruzana, Alejandro Baquedano Sánchez, con el presunto uso de programas sociales para favorecer al Partido Revolucionario Institucional.
Las denuncias por el uso electoral de los programas asistenciales no son nuevas; surgen en cada proceso; durante los gobiernos del PAN eran recurrentes las quejas de los priistas; hoy son los panistas quienes plantean las denuncias, que constituyen una violación a las leyes de nuestro país.
Prácticamente al comenzar marzo, la Sedesol informó que con el Blindaje se evitaría que los funcionarios de la dependencia incurrieran en acciones al margen de la ley; la intención, al menos en el discurso, era prevenir que los recursos públicos se utilizaran para influir en el voto.
Los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje buscaban, se dijo, prevenir el uso de los recursos y programas sociales con fines electorales; suspender la propaganda, en los términos que establece la ley; y evitar que se incurra en la violación a las normas penales, administrativas y electorales.
El Blindaje ordenó la creación de un Comité Central de Legalidad y Transparencia, así como la instalación de un grupo de enlace con las delegaciones federales en las entidades sujetas a elección; de igual manera, establece que en el periodo de las campañas deberían suspenderse las reuniones masivas con los beneficiarios de los programas sociales, “salvo las que impliquen una entrega de apoyos previamente calendarizada”.
Asimismo, la dependencia que encabeza José Antonio Meade Kuribreña notificó a los funcionarios cada conducta que deberían evitar por constituir delitos electorales: coaccionar o amenazar a los subordinados para que participen en eventos proselitistas; condicionar la prestación de un servicio o programa; destinar apoyos ilegales al uso electoral; apoyar en horario laboral a un contendiente político; pedir a los burócratas y trabajadores apoyo económico para algún candidato o partido; entre otras.
Pues bien, dos meses después de la presentación del Blindaje, un nuevo escándalo nos hace recordar el desafortunado episodio de la historia electoral veracruzana que se registró en la elección local de 2013; el “oro molido” a que hacían referencia ex funcionarios del gobierno del estado.
En esa ocasión, Acción Nacional denunció y presentó grabaciones que implicaban a funcionarios del sector con el lucro político de los programas asistenciales. Por esos hechos, el blanquiazul denunció al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a la entonces titular de la Sedesol federal, Rosario Robles Berlanga; al final, el tema costó el cargo a quienes se desempeñaban como titulares de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Salvador Manzur Díaz; y de la delegación estatal de la Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández.
En esta nueva cloaca destapada por PAN y PRD se incluye una nueva grabación; los mismos vicios pero con diferentes actores, ya que otra vez fue denunciado el presunto uso político de los programas de la dependencia por parte del delegado de Prospera, Alejandro Baquedano.
En la grabación presentada por dichos partidos, y difundida por diversos medios informativos, se habla de inscribir al menos a 3 mil familias en el programa mencionado, a fin de que voten por los candidatos del tricolor.
En su conferencia de prensa, Ricardo Anaya y Agustín Basave, de PAN y PRD respectivamente, dieron a conocer el audio de una supuesta conversación telefónica entre Baquedano y el legislador local priista Raúl Zarrabal Ferat, quienes, se dijo en la conferencia, serán denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

Tres funcionarios rumbo al patíbulo
Esos hechos podrían costar la cabeza a tres funcionarios del gobierno federal: por supuesto, al coordinador estatal del programa Prospera, Alejandro Baquedano; a la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, Anilú Ingram Vallines; y a la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos. La denuncia difícilmente llegará más lejos.
Lo peor para la Sedesol y para el gobierno federal es el descrédito y la fundamentada sospecha relacionada con el uso político y abusivo de los programas asistenciales, lo que mete ruido en las elecciones que este año se desarrollan en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz.
Los funcionarios de la Sedesol podrán argumentar que 3 mil beneficiarios de los programas sociales son poca cosa si se comparan con un padrón de más de dos millones 705 mil que tiene Prospera; incluso con los 483 mil del programa de Pensión para Adultos Mayores; o con los 307 mil de Liconsa; sin embargo, un solo ciudadano que reciba apoyos a cambio del voto, una dádiva a cambio del sufragio, ya representa un delito electoral que debe investigarse y castigarse. @luisromero85