Pagarán por Puente Alvarado-Boca 7 veces más

Luis Alberto Romero

Hora Cero

“No hay dinero”, es el contundente slogan publicitario de este último tramo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

“Hay seguridad”, fue el primero. “Duarte no es Fidel”, fue el segundo y así podríamos referir una docena de frases que, además, valga decirlo, fueron cayendo una a una, ante la avasallante realidad.

Hoy se insiste en que “no hay dinero” y nos enteramos, según la licitación pública nacional No. LPN-112TOOOOO-6000-001-15, que el Proyecto de asociación público-privada denominado “Puente Alvarado-Boca del Río”, que construirá la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para cruzar el río Jamapa, costará la nada despreciable cantidad de 12 mil 558 millones 624 mil pesos.

Para la licitación sólo se inscribieron cuatro empresas y de estas sólo dos presentaron una propuesta económica y técnica.

La que presentó la propuesta solvente más conveniente fue Mota-Engil México SA de CV, en consorcio con Mota-Engil Engenharia e Construcao SA, una sociedad que fue constituida en 2012 y que entre otras obras realizó la autopista Perote-Xalapa, también concesionada, así como el Puente Fidelidad.

El monto total de la propuesta presentada fue de mil 597 millones 15 mil 277.27 pesos con un plazo de ejecución de 24 meses, contando con una capacidad financiera de mil 93 millones 650 mil 810 pesos.

Sin embargo, el consorcio presentó una contraprestación mensual por 28 millones 916 mil 666 pesos con 67 centavos, más el IVA, que daría un total mensual de 33 millones 543 mil 333 pesos con 34 centavos.

En ese contexto, al total mensual se le debe sumar un 4 por ciento por concepto de inflación, por 12 meses, por 30 años, lo que daría la cantidad de 12 mil 558 millones 624 mil pesos.

El importe total a 30 años sería casi 700 por ciento más del valor real de la obra, aunque dicha cantidad podría elevarse, pues se establece que el interés de la inflación se fijará en base a lo que establezca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, que publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, cada año, pero nunca menor al 4 por ciento.

La empresa realizará el correspondiente estudio geotécnico, topográfico, de tránsito, de movilidad ciclista y peatonal, el proyecto geométrico y de terracerías, de drenaje, de pavimentos, de estructuras, de señalamiento, de alumbrado, así como la gestión de obras inducidas y el manejo de tráfico.

Esta empresa mexicana-portuguesa, que hizo, como le comentaba, la autopista Perote-Xalapa y cuyas altísimas tarifas ha defendido aguerridamente hace apenas algunas semanas el ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Agustín Basilio de la Vega, se ha adjudicado contratos en Nayarit y también en 2014 la SCT le concesionó, por 30 años, la construcción, operación, conservación y mantenimiento de 128 kilómetros de la autopista Cardel-Poza Rica, por 250 millones de euros.

A pesar de eso, el problema no se relaciona con la capacidad técnica, de construcción o financiera de dicho consorcio, sino con el elevadísimo costo que representará esa obra para los veracruzanos, dado que, como decía,  de poco más de mil 597 millones, el precio se elevará, en un periodo de 30 años, a 12 mil 558 millones de pesos; siete veces más del monto original.

¿Qué nos podría decir el aún titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, SIOP, Tomás Ruiz González? Quizá, lo mismo que todos los funcionarios del duartismo, que no hay dinero.

La inseguridad en el sur

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana; de ese ejercicio destacó el hecho de que en Coatzacoalcos, el 94 por ciento de la población percibía que ese lugar resulta inseguro; en pocas palabras, casi todos los habitantes de ese lugar, ubicado en la zona sur de Veracruz, percibe el peligro.

Ello es fiel reflejo de lo que se comenta entre diversos sectores de la población de Coatzacoalcos, como los empresarios, los profesionistas y los obreros, que están cansados de los temas de violencia, delincuencia e inseguridad.

Por ejemplo, en junio pasado, la Alianza Ministerial Evangélica Cristina, que encabeza Gonzalo Ayala, calificó como alarmantes los niveles de inseguridad en el sur veracruzano, por lo que se pronunció por la llegada de la Gendarmería Nacional para hacerse cargo de las labores de vigilancia y combate al delito.

La Cámara Nacional de Comercio, Canaco local, por su parte, también ha expresado su preocupación; en voz de Eduardo Campos Gómez, el comercio organizado alertó sobre los altos niveles de secuestro en Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Acayucan y Cosoleacaque, que ha provocado cierre de negocios en esos lugares.

Este lunes, el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero, se sumó a las voces que piden la intervención federal, dado que la dimensión del problema ha rebasado, con mucho, la capacidad de las autoridades locales y estatales.

En ese lugar se vive una verdadera tragedia, un drama en asuntos relacionados con índice delictivo, violencia, secuestro e inseguridad.

@luisromero85