Miguel Ángel Gómez Polanco
Vía Crítica
“El tiempo es canijo”, decía mi abuelo. Y qué razón tenía. A escasos dos meses del cambio en la silla mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las olas comienzan a sacudir esta instancia; la única que falta en pasar por el escarnio de la ciudadanía, en medio de una de las coyunturas más críticas por las que ha pasado Veracruz. Y no es para menos.
En la mira, el Magistrado Presidente en funciones, Alberto Sosa Hernández; de insufrible historial irregular, pero que gracias a su posición, ha sabido capitalizar con lujo de tiranía contra los trabajadores, que “ni pío” se atrevían a denunciar… aunque quizás eso está a punto de cambiar.
Apenas hace unos días, una de las magistradas aspirantes a sucederlo, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, volvió a sus conocidas andadas: denunciando la corrupción que impera al interior del Poder Judicial, lo cual le ha costado segregación y reprimendas por parte de Sosa.
Pero “Beto” niega todo. No le prestó a Javier Duarte dos mil 500 millones de pesos. Tampoco 22 millones del Fondo Auxiliar. Mucho menos ha influido a conveniencia en la impartición de justicia de Veracruz ni ha solapado la elección de magistrados de dudosa procedencia como Francisco Portilla, Lizbeth Ribbon o la investigada Patricia Montelongo. No, nada de eso.
Pero la realidad es otra: comienzan a fluir los datos emanados de este raquítico Poder y al interior, se escuchan gritos clamando orden. Hay mucha “trácala” ahí dentro, dicen.
Y los proveedores también se quejan. La tensión existe hasta en el mínimo detalle, como la gasolina para la operatividad de los empleados. Por ejemplo, externan que hay una fuerte deuda con la empresa Sodexo, encargada de emitir los vales de combustible. De acuerdo con facturas existentes, el adeudo ascendería a los mil 997 millones de pesos, con 50 centavos más un remanente de 350 mil pesos. Esto ha ocasionado que la cuenta haya sido bloqueada desde el pasado 14 de septiembre y por consiguiente, las y los empleados se queden sin los vales.
¡Pero es que todo huele mal en el Poder Judicial! cosa que los dedicados a las Leyes han criticado duramente a través de declaraciones y cartas enviadas a medios de comunicación. Se quejan, por ejemplo, de la nula capacitación en torno al nuevo Sistema Penal Acusatorio y Adversarial; rubro en el cual, Veracruz ocupa uno de los últimos lugares en actualización, pues el recurso que se debía destinar para la creación de Salas de Juicios Orales y para poner al tiro a los servidores públicos que las operarían, simplemente no existe. Voló, se lo gastaron en yates como el del propio Sosa Hernández, quizás.
“Se tomarán las acciones y se pedirán e informes al IVAI para que informe cuántos jueces de control, menores y de primera instancia interinos existen en el Estado; cuántos jueces titulares se han nombrado sin examen de oposición durante el periodo de Alberto Sosa; cuántos concursos de oposición se han celebrado; cuántos secretarios de Acuerdos interinos se han nombrado y cuántos titulares; cuántos cursos para Secretarios de Acuerdos se celebraron durante el periodo de 2010-2016 y después de ello presentar las correspondientes denuncias por los delitos que se configuren, ya que la sociedad no puede permitir que la justicia esté en manos de gente sin conocimientos”, aseguró Leonardo Hernández Luna, representante de “Abogados en pro de la Justicia” en una carta abierta, por ejemplo.
A lo anterior se suman despidos injustificados que han llenado de demandas al Tribunal y que han servido para fortalecer a uno de los dos sindicatos existentes; el que no se ha prestado a las “movidas” del presidente saliente.
De ese tamaño es el cochinero en la instancia encargada de “impartir” justicia.
SUI GENERIS
¿Qué sigue? Al parecer, la jugada sería acelerar el proceso para la designación del nuevo o la nueva presidenta mediante el cobro de favores a Javier Duarte de Ochoa por el apoyo para su cuasi fallido blindaje, aún como Gobernador de Veracruz.
¿Cómo? Eso sí es una verdadera incógnita, aunque no falta quien le va a la posibilidad de la “enfermedad” de Sosa (quien ya afirmó estar muy sano, pero todo puede pasar) para tener que convocar al Pleno y elegir a un interino, quien de conformidad con el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tendría que adscribir a quien tomará su lugar en alguna Sala, siendo Francisco Portilla Bonilla el “indicado” y que a su vez dejaría de ser magistrado visitador para, en automático, ser elegible como presidente el 03 de diciembre.
¿Qué pasará? Es un misterio. Pero lo que sí es seguro es que los vientos de cambio han contagiado al Poder Judicial, provocando una insurgencia que desde adentro circule información que, como nunca, pondrá en serios aprietos a don Beto y don Javier, debido al hastío de los propios trabajadores, cansados de tanta corrupción.
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