Duarte y su larga lista de cómplices

Luis Alberto Romero

Hora Cero

Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, dejó un estado empobrecido y endeudado, una entidad cuya clase gobernante hoy es referente nacional de corrupción e impunidad
Nunca en la historia, Veracruz había registrado ni los niveles de violencia, ni la enorme deuda pública que hoy vuelve la tarea de administrar el erario público como una misión casi imposible.
Hasta el último momento de su truncado mandato, Duarte de Ochoa parecía empeñado, obsesionado en complicar el escenario al hoy gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien dejó una administración quebrada; y con los pocos recursos disponibles, comprometidos.
Las manifestaciones de protesta por la deuda gubernamental, por la inseguridad y la violencia o por la falta de aplicación de recursos públicos en áreas estratégicas son cotidianas, al igual que los bloqueos a las oficinas públicas e, incluso, a las vías de comunicación.
Lo peor es que la dimensión del daño a la entidad es de tal magnitud, que se ve poco probable que en los próximos ocho o diez años, el estado pueda resolver los problemas que dejó Duarte.
De todo eso ya se ha dicho demasiado; aun así continúan cada vez con más intensidad las noticias que se relacionan con el desfalco, la corrupción y el saqueo.
La Procuraduría General de la República, por ejemplo, se refirió a la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Veracruz, por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
Además del exmandatario, otras ocho órdenes de aprehensión fueron giradas contra personas que presuntamente están implicadas en el tema de las empresas fantasma: Moisés Mansur Cysneiros, JR (Se suprime el nombre a petición del interesado), Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva, Javier Nava Soria, y las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralda; las dos últimas, ya detenidas.
Sin embargo, no son todos; esa lista únicamente se refiere a la operación de las llamadas empresas fantasma, que luego de ser integradas y registradas ante notario público, obtuvieron millonarios contratos y con la misma desaparecieron.
Falta todavía la acción penal contra quienes habiendo ocupado espacios en la administración estatal, dispusieron de los recursos públicos de manera irregular; en esa última relación encontraremos, sobre todo, a ex responsables de las finanzas estatales, a los llamados enlaces administrativos, y a los miembros del gabinete que se desempeñaron en dependencias señaladas por probables desvíos, como Salud, Educación y otras.
El problema es que algunos de esos ex funcionarios hoy gozan de la protección del fuero constitucional; es el caso, por ejemplo, de Edgar Spinoso Carrera, diputado federal por el distrito de Martínez de la Torre, quien ocupara la Oficialía Mayor de la SEV, dependencia que fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación por un presunto daño patrimonial; Antonio Tarek Abdalá Saad, legislador por Cosamaloapan, ex tesorero en la Secretaría de Finanzas y Planeación; Adolfo Mota Hernández, diputado por Coatepec y ex secretario de Educación de Veracruz; y Alberto Silva Ramos, legislador con licencia por el distrito de Tuxpan (pronto regresaría al cobijo del fuero), ex titular de la Sedesol estatal, una de las dependencias que más registraron contratos con las llamadas empresas fantasma.
A esos nombres habría que agregar el del ex oficial mayor de la SEV, Vicente Benítez González, quien rendirá protesta como diputado local dentro de un par de semanas.
De todos ellos, se observa mucho más factible que el primero en caer sea este último, porque el desafuero estaría a tiro de piedra para la suma de PAN, PRD y Morena en la próxima legislatura estatal.
El caso de los diputados federales es diferente, porque se observa muy poco probable que el PRI sacrifique esas posiciones cuando faltan menos de dos años para la sucesión presidencial y cuando el tricolor se encuentra en clara desventaja, en esa carrera, frente a Acción Nacional y Morena. En el tema del combate a la corrupción y a la impunidad, los tiempos políticos jugarán un importante papel.
Por otro lado, en esa compleja red que es investigada por las autoridades no sólo hay ex secretarios, actuales diputados federales y ex colaboradores, funcionarios de medio pelo; la lista también incluiría a empresarios, prestanombres y beneficiarios, entre ellos, miembros de su círculo más cercano, la familia de Javier Duarte.

La familia de Duarte, en problemas
Desde Coatzacoalcos nos informan que, por si las dudas, los suegros del ex gobernador, Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, solicitaron el amparo de la justicia federal.
De esa manera, los padres de la ex presidenta del DIF estatal, Karime Macías Tubilla, buscan evitar acciones del Ministerio Público de la Federación.
Las solicitudes de esos amparos quedaron asentadas en los expedientes 1167/2016 y 1168/2016, presentados el pasado 17 de octubre.
Por cierto, de acuerdo con la información difundida este 19 del presente por el periódico El Financiero, tanto la suegra como la cuñada de Javier Duarte, María Virginia Yazmín Tubilla y Mónica Ghihan Macías Tubilla, respectivamente, ya tendrían órdenes de captura.

@luisromero85