Basificación, a análisis: PAN

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés, presentó ante el Pleno una Iniciativa que contempla realizar un análisis técnico y legal acerca de la viabilidad financiera de la reforma de basificación de empleados del Poder Ejecutivo, antes trabajadores de confianza.

La reforma conocida públicamente como basificación, fue propuesta por Javier Duarte de Ochoa, e implica la entrega masiva de nuevas plazas para trabajadores del Poder Ejecutivo, antes trabajadores de confianza.

Aprobada en opacidad por la mayoría priísta de la pasada legislatura, la reforma no contiene datos certeros sobre la antigüedad y los méritos laborales del total de trabajadores que obtendrían este beneficio, cifra que tampoco se ha transparentado, pero que públicamente contempla alrededor de 7 mil personas.

Aunado a lo anterior, la reforma de Javier Duarte no entregó datos claros sobre el número de plazas nuevas para los trabajadores del ejecutivo con cargos de subdirector, jefe de departamento y jefe de oficina

De respetarse las Leyes en su redacción actual, los trabajadores que ya se encontraban basificados no recibirían el incremento salarial que por en cuanto a derechos laborales les corresponde.

Las nuevas disposiciones tienen una implicación presupuestal, las remuneraciones resultado de estos cambios a la categoría laboral de estos servidores públicos tendrían que haberse previsto en el presupuesto de egresos de 2016, las finanzas del estado se verían severamente afectadas, indicó la legisladora.

Con la propuesta quedarían anuladas las modificaciones realizadas en junio del 2016 a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y la Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada. El Grupo Legislativo del PAN buscará que este tipo de reformas estén apegadas a legalidad para poder dar certeza laboral a los trabajadores.

Durante la misma sesión, la diputada Cinthya Lobato Calderón presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Planeación del Estado, en la que por única ocasión se facultaría al Pleno para la aprobación del Plan Veracruzano de Desarrollo y no a la Legislatura Permanente como lo mandata la ley actual.