Naldy Rodríguez
Transparencia 3.0
Aún recuerdo el caso de los “tuiteros” de Veracruz que pisaron cárcel porque –supuestamente– provocaron caos y sicosis entre la población. Ocurrió a finales de agosto de 2011. Fueron acusados de “terrorismo” por los mensajes que emitieron en Twitter.
La autoridad inició la averiguación 340/2011 por “difundir versiones falsas de atentados en escuelas”. Eso fue lo que dijeron públicamente. Casi un mes después de estar en prisión y tras la presión social nacional e internacional, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez fueron liberados.
La historia no acaba ahí. Al ex gobernador prófugo se le ocurrió añadir –en septiembre de ese mismo año– un artículo al Código Penal del Estado de Veracruz para crear el delito de perturbación del orden público y castigar afirmaciones falsas a través de cualquier medio, incluidas las redes sociales.
El 20 de junio de 2013, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la llamada Ley Duarte que imponía un castigo de cuatro años de prisión para quien incurriera en ese ilícito… ¿Ya recuerdan verdad?
Aunque en teoría fue eliminado el Artículo 373 creado por Javier Duarte o su equipo de trabajo, en los hechos parece que está más vigente que nunca.
Hace unos días, la Fiscalía General del Estado imputó responsabilidad a una persona por incitación al delito. Se le investiga por “terrorismo, robo calificado y por convocar a realizar actos vandálicos” en Xalapa a través de las redes sociales.
Así la autoridad consignó ante el juez de Control a un cibernauta que supuestamente convocaba a usuarios de redes sociales a participar en los saqueos a los centros comerciales el pasado 5 de enero. Al imputado le fue impuesta prisión preventiva y una multa económica mientras se demuestra si es cierto o no que incurrió en “actos vandálicos y de terrorismo”.
Mauro Emmanuel “N” podría pasar de tres a treinta años de prisión y pagar una multa de hasta de 650 días de salario en caso de ser encontrado culpable de los delitos que se le imputan.
Aclaro, no defiendo los saqueos ni ningún tipo de violencia, por ningún medio, pero creo que es un tema que se debe reflexionar y ponerlo en la palestra para que quienes sí tienen poder de decisión, hagan algo. Quizás sea hora de sentarse a debatir y legislar sobre los ilícitos cibernéticos. Hasta ahora, nuestro código penal sólo contempla los delitos informáticos.
En su capítulo III, artículo 181, señala que comete un delito informático quien:
I.- Ingrese a una base de datos, sistema o red de computadoras, para obtener, conocer, utilizar, alterar, o reproducir, la información en ellos o contenida; o
II. Intercepte, interfiera, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico o programa
informático o la información contenida en el mismo o en la base, sistema o red.
Al responsable de este delito se le impondrán de seis meses a dos años de prisión
y multa hasta de 300 días de salario. Si se cometiere con fines de lucro las
penas se incrementarán en una mitad.
Los casos de los tuiteros no caen en ninguna de estas hipótesis, por eso, más allá de debates, es necesario plantear las siguientes preguntas: ¿tienen similitud los casos de 2011 y 2017?, ¿por qué ahora no han argumentado que se atenta contra la libertad de expresión? Y como decía anteriormente ¿se debe regular el ciberespacio y la interacción que ahí tienen los individuos?
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En el deporte y en la cultura, la transición del gobierno es más de lo mismo, se encuentran prácticas similares a las que se habían vivido en el pasado con la administración priísta anterior. Las puertas cerradas, la falta de espacios y de apoyos para los talentos.
Como en otras áreas, se siente un desánimo, una sensación de que el tiempo se detiene, un periodo en el que no se espera nada. Parecería que el reto es mantenerse y resistir, pero en algunos casos vamos como los cangrejitos, para atrás.
Eso ocurrió a los entrenadores y pequeños que practican triatlón en Xalapa. La nueva dirección del Instituto Veracruzano del Deporte, a cargo de Angeles Ortiz, les cerró las puertas del velódromo donde acudían dos o tres veces por semana para realizar ciclismo.
Cerrar las puertas a los niños que realizan una práctica deportiva, no lo entiendo, ¿qué no es eso lo que necesitamos? Promover y encauzar a las nuevas generaciones para evitar que caigan en adicciones y malos hábitos, ¿qué no necesitamos bajar los índices de obesidad o preparar jóvenes deportistas para que alcancen niveles más competitivos en justas nacionales e internacionales?
Eugenio Chimal, entrenador de la selección nacional de triatlón, denunció no sólo que les cerraron las puertas del velódromo, un lugar seguro para los menores de edad que practican este deporte, sino que intentaron tener un acercamiento con la nueva directora del IVD, pero no los recibió. Es una lástima.
Chimal es Premio Nacional del Deporte en 2015 y presidente del Club Veratrix en el que se forma a niños y jóvenes en el triatlón, pero también ha sido el entrenador de toda la vida de Crisanto Grajales, campeón Panamericano en Toronto 2015.
No sólo se afecta al equipo de Veratrix, también a otras agrupaciones como Llaoli y Acuasport. En total, son unos 60 niños más jóvenes y adultos, los que se ven afectados con esta medida de impedir que entrenen los de triatlón.
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“La nuestra es una era de temor. Cultivamos una cultura del temor progresivamente más poderosa y global. Nuestra era exhibicionista, con su fijación en el sensacionalismo barato, los escándalos políticos, los reality shows televisivos y otras formas de autoexposición a cambio de fama y atención pública, aprecia el pánico moral y los escenarios apocalípticos en un grado incomparablemente mayor a los planteamientos equilibrados, la leve ironía o la modestia”.
Ceguera moral, de Zygmunt Bauman y Leonidas Donskis.
No lo tengo, pero ansío leerlo y estoy segura que es digno de recomendación.
Twitter @ydlan
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