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    Luis Alberto Romero

    Hora Cero

     

    A pesar del voto en contra de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en la Legislatura veracruzana se da prácticamente como un hecho la reestructuración de la deuda del gobierno estatal, propuesta por el ejecutivo.
    Panistas, perredistas, así como algunos integrantes de la bancada del PRI y del llamado grupo “Juntos por Veracruz” levantarían la mano, a fin de aprobar la enésima reestructura del pasivo en los últimos tres lustros.
    Lo cierto es que de no reestructurar la enorme deuda veracruzana, la viabilidad del actual gobierno estatal quedaría sumamente comprometida, dado que no existe capacidad financiera para saldar los compromisos con la banca y con los instrumentos bursátiles de los dos anteriores sexenios.
    La deuda contratada por el gobierno de Miguel Alemán, en el último tramo de la administración (3 mil 500 millones de pesos), que en su momento causó escándalo, hoy provoca risa, porque Veracruz debe ahora 20 veces más que entonces.
    Atrás y para el anecdotario quedó la declaración del ex gobernador Fidel Herrera, quien en 2006 sostuvo que su administración pagaría esa deuda y dejaría 2 mil 500 millones de pesos en el cajón del dinero estatal.
    El 15 de diciembre de 2006, con recursos de la bursatilización, Herrera Beltrán entregó a Banorte, a Banamex y al Banco Interacciones casi 3 mil 120 millones de pesos para saldar la deuda contratada en las postrimerías del gobierno de Alemán Velasco.
    Sin embargo, la deuda veracruzana siguió creciendo durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.
    Hoy prácticamente no existe información confiable sobre el monto de la deuda del gobierno estatal, porque se han filtrado diversas cifras, la más conservadora apunta a más de 60 mil millones de pesos.
    Sobre el particular, el gobernador Miguel Ángel Yunes informó el pasado 3 de marzo que la deuda de la entidad representa un gasto de entre 500 y 600 millones de pesos mensuales; es decir, unos 20 millones de pesos diarios, lo que impide que se realicen inversiones para mejorar la seguridad, los servicios de salud, y para que se realice un programa de obras. Por ello, el gobernador urgió a los diputados locales aprobar la reestructuración de la deuda, a un mayor plazo, 50 años, a fin de que Veracruz disponga de más recursos en lo inmediato.
    Dicho asunto llegó al Congreso local, donde comenzó el debate entre los integrantes de las diferentes bancadas.
    Al finalizar enero pasado, en la Legislatura no hubo acuerdos entre los grupos legislativos, como reconoció la diputada María Josefina Gamboa, quien realizó un ejercicio de autocrítica al apuntar que al interior del Congreso faltó el diálogo y el consenso. En esa ocasión, los diputados de Morena, del PRI y del grupo “Juntos por Veracruz” se negaron a que el asunto se discutiera en el pleno, con el argumento de que la propuesta enviada por el ejecutivo no les resultaba del todo clara.
    Al concluir febrero, el tema volvió a tocarse en la Legislatura, pero tampoco hubo consenso, por lo que el dictamen que autorizaría al gobernador Miguel Ángel Yunes a reestructurar 28 créditos bancarios y bursátiles por un monto de más de 42 millones de pesos fue retirado de la orden del día.
    Hasta este momento, los diputados no han establecido acuerdo alguno sobre esa reestructuración de la deuda; sin embargo, nos comentan que ese asunto quedará resuelto con el consenso de los diputados de PAN, PRD, PRI y “Juntos por Veracruz”.
    Los legisladores locales de Morena, mientras tanto, ya adelantaron que su voto será en contra de la propuesta de Yunes Linares; incluso, el dirigente estatal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, advirtió que se retiraría la militancia a los diputados que voten a favor de la reestructuración, dado que esa iniciativa representa que las malas prácticas en que habrían incurrido los ex gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte continúen con el actual gobierno.

    La compraventa de conciencias
    Ante la falta de acuerdos, de forma reciente la diputada presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz subrayó que el dictamen de la reestructuración de la deuda no ha sido aprobado porque “no hay dinero para comprar conciencias”; por supuesto, el comentario fue visto como políticamente incorrecto, porque deja en evidencia a los responsables de dicha negociación entre las diferentes fuerzas legislativas. Uno se preguntaría, con razón, si no es posible establecer acuerdos sin dinero de por medio.
    Sin embargo, hay otra interpretación a la frase de la presidenta de la Mesa Directiva y ésta tiene que ver con las viejas costumbres que prevalecieron durante años en ese poder, donde según la leyenda urbana que circula en los pasillos del recinto legislativo, los diputados recibían jugosas compensaciones cada vez que aprobaban un tema tan escabroso como el que se relaciona con la deuda estatal.
    Esa costumbre, la de recibir dinero y favores a cambio del voto, que volvía todavía más lucrativo el cargo de los diputados locales, ha quedado en el pasado, probablemente no por falta de intención, sino por carencia de recursos, lo que vuelve más interesante el proceso de discusión en la Legislatura.

    @luisromero85

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