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    SPI Veracruz

    La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó un juicio de procedencia en contra de la diputada local Eva Felícitas Cadena Sandoval, a fin de lograr su desafuero.

     Se informó que los delitos por los cuales se le investiga derivan de conductas cometidas durante su encargo, que pudieran constituirse en delitos electorales.

    La Fiscalía precisó que la legisladora y ex candidata a la alcaldía de Las Choapas por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mantiene una investigación ministerial en su contra en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención a Denuncias Contra Periodistas y/o Comunicadores.
    «La Fiscalía sustenta en su solicitud de desafuero que se violan las normas establecidas por el Código Electoral vigente para el estado de Veracruz, que prohíbe a los partidos políticos recibir aportaciones de personas no identificadas».
    Además, que sus actos al recibir presuntamente dinero para su campaña y la del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López, violentan las reglas operativas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), que limita la recepción de aportaciones de simpatizantes individuales a 171 mil 533 pesos y se señala el no cumplimiento del procedimiento establecido para todo partido.
    Señala que en abril pasado se inició  una carpeta de investigación por hechos públicos consistentes en la exhibición en redes sociales de un video titulado por un medio de comunicación como “representante de Morena recauda dinero para AMLO”.
    Y agrega que la Fiscalía cuenta con constancia del material de prueba, dictamen pericial de etnografía forense y secuencia fotográfica; así como con las debidas circunstancias de modo, tiempo, lugar y audios donde consta la entrega de cantidades de 500 mil pesos, 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo.
    Los recursos, explica, serían presuntamente entregados al presidente del Comité Ejecutivo de Morena, partido al cual representaba la diputada.
    Cabe destacar que en la solicitud de desafuero se integra lo ocurrido en hoteles situados en la ciudad de Coatzacoalcos, que se corrobora con registros aportados por dos empresas hoteleras y declaraciones de testigos.

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