Luis Alberto Romero
Hora Cero
La ex coordinadora de Comunicación Social y ex vocera de la administración de Javier Duarte, Gina Domínguez Colío, se mostraba confiada en que difícilmente sería llamada a cuentas por la justicia. Por ello no huyó, como lo hicieron otros personajes que ocuparon cargos más o menos relevantes en dicho gobierno.
A pesar de que todas las señales estaban en contra y mostraban el inminente final de algunos de los ex colaboradores de Duarte de Ochoa, Gina Domínguez optó por quedarse en Xalapa, con todo el riesgo que implicaba dicha decisión para sus días en libertad.
Unos días antes de la captura del ex gobernador, registrada en Guatemala, este reportero habló con uno de los ex colaboradores del área de Comunicación Social; el ex funcionario decía que Gina Domínguez había cambiado su número de teléfono celular y que sólo respondía llamadas de algunas personas, a quienes consideraba sus amigos y cercanos. –¿No tiene miedo?. –Parece que no; dice que antes que ella, hay al menos otros veinte.
La captura del ex mandatario veracruzano, sin embargo, significó el foco rojo para Domínguez Colío y para una docena de ex funcionarios estatales.
Cinco semanas después del anuncio de las autoridades sobre la detención de Duarte de Ochoa, la ex vocera corrió con la misma suerte que su jefe.
A Gina Domínguez le fue impuesto un año de prisión preventiva, con lo que se convierte en un caso más de un ex funcionario duartista que permanece internado en el penal de Pacho Viejo. Recordamos que antes que ella, los ex titulares de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; de la desaparecida Secom y de Caev, Francisco Valencia García; Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo; y Gobierno, Flavino Ríos Alvarado (aunque fue liberado unos días después) pisaron dicho centro de readaptación, al igual que Leonel Bustos, ex director del Seguro Popular.
Eso sin contar con el líder del sindicato de Tamsa, Pascual Lagunes; y el dirigente de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes.
En capilla, nos dicen, estaría también el diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, quien ocupó la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Comunicación Social, sucediendo precisamente a Domínguez Colío, durante la administración Duarte.
No son los únicos, lo más probable es que otros ex funcionarios estatales, algunos de los cuales gozan actualmente de fuero, son vinculados e investigados por presuntos actos de corrupción.
Por otro lado, hay una arista en el asunto relacionado con esas capturas que todavía no se mide en su justa dimensión: el impacto que ello ocasionará en las expectativas de los candidatos del PRI a las presidencias municipales.
Unas tres semanas antes del arranque de las campañas, el ex gobernador Duarte fue detenido y exhibido como ejemplo nacional de corrupción, delincuencia y mal gobierno. Después, justo en medio del periodo proselitista de los candidatos a las alcaldías, la ex vocera también fue apresada; y se anticipa que en cualquier momento, la Fiscalía General del Estado, en cuya cancha está la pelota de los expedientes, las denuncias y la suerte de los ex funcionarios, presente la solicitud de juicio de procedencia contra el diputado Alberto Silva Ramos.
Así, como para controlar el potencial daño de dicho escenario, los dirigentes y representantes priistas han externado que los procesos judiciales contra los más prominentes miembros del grupo que gobernó la entidad de 2010 a 2016 no afectarán al tricolor. Ello, sin embargo, se observa sumamente complicado porque no sólo hay ex funcionarios, sino un ex dirigente estatal del partido, Alberto Silva, y una ex presidenta de la Fundación Colosio, Gina Domínguez.
Esos factores de desprestigio del partido y de indignación social contra todo lo que huela a Javier Duarte hacen que se vuelva predecible la derrota priista en la presente contienda por las alcaldías veracruzanas.
El cuarto mes de un año violento
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las estadísticas de la incidencia delictiva durante abril del presente año.
En el ámbito nacional, en el cuarto mes del año se cometieron poco menos de 140 mil delitos, casi dos mil homicidios dolosos y 91 secuestros.
En nuestro país, abril es el segundo mes más violento en lo que va del año.
En cuanto a la entidad veracruzana, el más reciente mes en el reporte del Secretariado Ejecutivo tuvo más de 4 mil 200 delitos, lo que representa en términos generales una reducción en la incidencia con relación al mes inmediato anterior, mayo, cuando hubo más de 5 mil actos ilícitos.
Sin embargo, en la casilla del homicidio doloso, en Veracruz no se puede hablar de avance alguno: 116 asesinatos durante abril, lo cual si bien es un número inferior al registrado en marzo, 161; también es mayor al de enero y febrero, 102 y 109, respectivamente.
Durante marzo hubo casi cuatro homicidios dolosos cada día.
Algo parecido ocurre en cuanto a la privación ilegal de la libertad: se podría hablar de un logro debido a que “únicamente” se registraron 12 casos en 30 días, tomando como referencia los primeros tres meses del año, cuando hubo 15, 13 y 18 secuestros.
Tres secuestros por semana es una cifra sumamente elevada por tratarse de un delito de alto impacto, que ha sido el azote de Veracruz en los últimos 6 años. Sólo como dato ilustrativo, casi el 14 por ciento de los casos de privación ilegal de la libertad que fueron denunciados ante las procuradurías y fiscalías estatales se registraron en la entidad veracruzana.
Por ello no se puede hablar, al menos durante abril, de avance alguno en materia de combate a inseguridad y delincuencia. @luisromero85
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