Moneda de cambio

Naldy Rodríguez

Transparencia 3.0

El Sistema de partidos y los intereses de grupo le dan al traste a toda buena iniciativa y esfuerzo de la sociedad civil para fortalecer las instituciones públicas. Lo vemos ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, que entró en vigor sin fiscal –ni federal ni estatal- ni magistrados en ninguno de los dos ámbitos.
Veracruz es ejemplo de corrupción a nivel Nacional y sus efectos los percibimos a diario, en diferentes aspectos de nuestras vidas. En el hospital que no tiene medicamentos, en la reducción de beneficiarios de programas sociales y hasta en el recorte del programa artístico de la próxima feria de Xalapa. Vaya primer lugar que tenemos en el estado.
Especialistas dicen que la corrupción es multifactorial y se registra en diferentes niveles, como una cadena, donde hay muchos eslabones y cuando alguien intenta ser honesto lo sacan para poder continuar tejiendo la red.
Leí las declaraciones del fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales: que no tenemos fiscal federal porque se ha convertido en “una moneda de cambio de los partidos políticos”.
La dinámica es la misma a nivel federal y en los estados, repartirse el pastel. Todo el avance legal y social, porque la ciudadanía viene empujando un cambio en las estructuras políticas y en las instituciones, se ve frenado cuando se trata de designar al titular. Ahí todos quieren pedir mano.
¿Qué faltó a nivel federal? El Fiscal Anticorrupción y 18 magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Y en Veracruz? Las leyes secundarias, un fiscal anticorrupción, tres magistrados de justicia administrativa y la conformación de un comité ciudadano (solo Querétaro lo tiene).
Lo mismo ha ocurrido con el Comisionado de Atención a Víctimas. Ninguna de las tres propuestas: Lorena del Carmen Mendoza, Rosa Hilda Rojas y Arturo Márquez Murrieta, sometidas a votación en el Congreso de Veracruz alcanzó los votos necesarios (las dos terceras partes de los diputados presentes).
Ahora será el gobernador quien decida, de acuerdo a la fracción IV del artículo 91 de la Ley Estatal de Víctimas que señala que “en el caso de que el Congreso del Estado no realice la designación en el plazo señalado… El Ejecutivo del Estado podrá designar libremente al Comisionado Ejecutivo”.
Y no es un tema de partidos, es un tema de la sociedad civil, es un tema que lacera a decenas de veracruzanos que han perdido a un ser querido de forma violenta. También es un tema de corrupción y abuso de poder, prueba de ello es la reciente recomendación de la CNDH, la 5VG/2017, dirigida al gobierno de Veracruz por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución de cuatro jóvenes y una menor de edad, en Tierra Blanca.
La barbarie en el rancho “El Limón” es atribuida a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales contaron con la autorización, apoyo o consentimiento de servidores públicos de dicha dependencia.
Así se solicitó al mandatario veracruzano la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, que incluya una compensación económica tomando en cuenta la gravedad de los hechos, atención médica y sicológica. Además de instruir al secretario de Seguridad Pública que emita una disculpa pública a los familiares y colabore con todas las investigaciones.
La recomendación va más allá, en el sentido de tratar de evitar que se repitan hechos similares, por eso ordena que se diseñe e imparta un curso integral sobre sobre derechos humanos a todos los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, deberá establecer las medidas necesarias a fin de prestar una atención de calidad y calidez a los familiares de personas desaparecidas, así como realizar investigaciones profesionales y eficientes.
La expectativa era que la alternancia en el gobierno representara un cambio, dejara atrás las prácticas clientelares y el autoritarismo político; suponía también una transformación en los Poderes Legislativo y Judicial, con una mayor independencia y autonomía, pues el PRI los había mantenido como aliados y en sumisión al Poder Ejecutivo. Ya vemos que no es así.

“El hecho de construir una cultura de la legalidad puede tomar una generación, el cambio en sí es un recorrido largo y sin duda habrá frustraciones y obstáculos en el camino”: Godson Roy.

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La historia de la ética es un triste relato de ideales maravillosos que nadie cumple.
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