Veracruz, justicia selectiva

Luis Alberto Romero

Hora Cero

No sólo le fueron dictados dos años de prisión preventiva; a la ex directora de Espacios Educativos del gobierno del estado, Xóchitl Tress Rodríguez, la enviaron a la hoguera mediática, al incluir su nombre en la lista de los beneficiarios del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, con quien le atribuyen una supuesta relación.

A la ex funcionaria, tres veces candidata por dos partidos diferentes, lo mismo a diputaciones que a la alcaldía de San Juan Evangelista, se la señala por enriquecimiento ilícito y esa acusación bastó para que le dictaran dicha medida, los dos años de cárcel.

No se trata de establecer una defensa, no viene al caso; sin embargo, tienen razón quienes observan que el linchamiento mediático obedece más al señalamiento por una presunta relación de pareja con el ex gobernador Duarte, que al tema del enriquecimiento ilícito, que la Fiscalía de Veracruz tendrá que comprobar ante el juez.

En lo que toca  a la medida de encarcelarla por dos años, no falta quien señale que eso es exagerado, si se compara con los casos de otros personajes del anterior gobierno del estado que han sido acusados por delitos más graves y montos muy superiores.

Al ex secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Arturo Bermúdez Zurita, por ejemplo, detenido por los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, le dictaron sólo ocho meses de prisión preventiva al iniciar febrero del presente año, aunque posteriormente, en marzo, el juez de control extendió ese periodo por seis meses más.

En 21 de mayo, a la ex coordinadora de Comunicación Social y ex vocera de Javier Duarte, María Georgina Domínguez Colío, señalada por desvío de recursos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, le dieron un año.

En abril del presente año, a Mauricio Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas y Planeación, imputado por los delitos de tráfico de influencias, peculado e incumplimiento de un deber legal, le dictaron una medida cautelar de un año.

Gabriel Deantes Ramos, sobre quien también pesan señalamientos por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, no está en la cárcel, dado que el juez permitió que siguiera su proceso en libertad.

Otros involucrados, gente muy cercana al ex gobernador Javier Duarte, incluso del primer círculo del anterior ejecutivo, no han sido molestados; tenemos el caso del ex secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, quien encabezó una de las áreas con más señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Otro ejemplo es el del ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar Spinoso Carrera, quien se pasea por las plazas comerciales de Xalapa, con la tranquilidad que le da el fuero que le protege. De ellos y otros duartistas no se dice nada.

En cambio, a la ex directora de Espacios Educativos la mandan a la cárcel no algunos meses, como a Bermúdez; ni un año, como a Gina Domínguez y Mauricio Audirac, sino dos años; y mientras eso pasa con dicho caso, la ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Karime Macías de Duarte, a quien se ha señalado por presuntamente haber sido partícipe del saqueo a los recursos públicos de Veracruz, sigue en libertad.

Así las cosas, pareciera que al menos en el tema de las medidas cautelares bien podríamos hablar de una justicia selectiva; es decir, que los criterios no son uniformes a la hora de dictar prisión preventiva; o que en el caso de la ex funcionaria de Espacios Educativos pesa mucho más esa presunta relación de pareja con Duarte que cualquier otro criterio.

@luisromero85