Ricardo Vázquez Salazar
Esfera Política
Con una celebración Eucarística muy emotiva y llena de solemnidad, este martes el padre José Juan Sánchez Jácome dio gracias al Creador por haberle permitido cumplir 25 años de servicio sacerdotal. En el seminario mayor de Xalapa fue el recinto ceremonial al que acudió la plana mayor del clero veracruzano y de otras entidades; así como cientos de feligreses de la localidad y de distintas regiones. El párroco Sánchez Jácome es ampliamente reconocido por su admirable sabiduría divina, a quien deseamos el Redentor siga iluminando y fortaleciendo su vocación pastoral.
Cuando se creía que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, estaba en huelga de hambre y que por consecuencia podría afectar su salud, su hermano Cecilio ya salió a aclarar que se encuentra bien de salud y además de buen ánimo. Los veracruzanos y en general los mexicanos ya pueden estar tranquilos.
En un hecho sin precedente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, avaló la llamada Ley Kumamoto del estado de Jalisco, que consiste en reducir a partir de 2019 los recursos públicos para los partidos políticos en los periodos en que no haya elecciones en esa entidad.
La ley aprobada por el Congreso de Jalisco en junio pasado, conocida también como #SinVotoNoHayDinero, propone que el dinero que se destina a los partidos políticos nacionales y locales sea proporcional al número de votos recibido, en lugar de considerar el padrón electoral.
Impulsada por el diputado independiente del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto, precisó que con la ley autorizada podrá haber un ahorro estimado de 65 a 70 por ciento el gasto que hacen los partidos políticos.
La propuesta del diputado Kumamoto, se basó y con toda razón, en que el dinero que los partidos reciben dependa del número de personas que convencen para votar y no por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Atinada la iniciativa, porque los partidos políticos en nuestro país han perdido la confianza de los ciudadanos; se han convertido en entes perversos, en cotos de poder y de camarillas, en organizaciones o empresas familiares, en simples negocios con alto rendimiento en los que no hay que invertirle nada, y que los beneficios para sus dueños o quienes los manejan son numerosos.
Si esta ley se reprodujera en todas y cada una de las entidades del país, estaríamos hablando de una suma muy valiosa de dinero que se asigna a los institutos políticos, que bien pudiera ser utilizado para cubrir necesidades verdaderamente apremiantes.
La grave crisis económica que enfrenta Veracruz: el boquete financiero que causaron a la entidad las dos anteriores administraciones estatales, las deudas que dejaron, la escases de recursos, con las numerosas necesidades y demasiado grandes, no hay dinero que alcance. Por lo tanto, de mucho pudiera servir el dinero que se les pueda reducir a los partidos políticos.
Cuántos hospitales debidamente equipados con tecnología de punta, con el personal médico suficiente, sin problemas de abasto de medicamentos; cuántas escuelas de primer nivel; cuántos kilómetros de carretera; cuánta obra prioritaria para la población se podría realizar con el ahorro que se pudiera hacer de miles de millones de pesos que se destina año con año a los partidos políticos en nuestro país. Son cuestionamientos que cada estado tiene en sus manos la posibilidad de responder y concretar.
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