La incertidumbre de los acreedores

Durante los últimos dos o tres años de la administración del ex gobernador Javier Duarte, el gobierno veracruzano fue acumulando adeudos: pedía créditos bancarios y contrataba servicios sin pagar por ellos.

Fue la irresponsabilidad administrativa llevada a su máxima expresión.

Constructores y proveedores de todo tipo desfilaban por la Secretaría de Finanzas, que difícilmente cubría los adeudos; en el mejor de los casos, sólo pagaba algunos abonos, pero lo común era la molestia de los acreedores por el no pago.

Se decía en su momento que Sefiplan sólo pagaba a los empresarios “consentidos” o recomendados por altos funcionarios.

Se decía también que muchas empresas que hacían tratos con el gobierno estatal tenían como socios a los propios miembros del gabinete duartista y a funcionarios de medio pelo.

Esas versiones se fortalecieron en la tercera semana de julio del año pasado, cuando los diputados locales de la pasada legislatura aprobaron una propuesta de Javier Duarte para que los recursos del 3 por ciento a la nómina se destinaran al pago de deudas.

29 de los 50 legisladores locales aprobaron esa iniciativa del hoy reo del Reclusorio Norte (18 en contra y dos abstenciones), con lo que fueron creados dos fideicomisos para garantizar que los acreedores y contratistas del gobierno estatal cobraran su facturación a la administración estatal.

Fue, como lo calificó el entonces diputado Jorge Vera, un fobaproa veracruzano, que creó dos fideicomisos: el de Administración de Cuentas Mandatadas y el Pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento del Estado de Veracruz.

En total, la deuda con proveedores representaba unos nueve mil 400 millones de pesos, correspondiente a 19 dependencias estatales.

Poco después de esa aprobación en el Congreso del Estado, trascendió que una parte de los adeudos correspondían a empresas “fantasma” y que en algunos casos eran funcionarios estatales los que pretendían realizar ese cobro.

Por supuesto, en la lista de acreedores filtrada también aparecían empresas legalmente constituidas; es decir, proveedores auténticos que pretendían cobrar  lo que el gobierno estatal les adeudaba.

En ese marco, de forma reciente fue difundida información que hablaba de la cancelación de las deudas que el gobierno estatal mantiene con empresarios; ello generó un ambiente de tensión, preocupación entre los verdaderos contratistas, aquellos que se descapitalizaron e incluso se fueron a la quiebra porque la administración de Javier Duarte nunca les pagó por sus obras, productos y servicios.

Un importante sector de proveedores, contratistas y acreedores del gobierno estatal comenzaron entonces a demandar sus pagos; es un problema que creció debido a que las autoridades no aclararon si pagarían o no; y, en todo caso, a quienes sí y a quienes no les reconocerían la deuda.

Así las cosas, el gobierno estatal terminó por emitir, aunque de forma tardía, a destiempo, un pronunciamiento en el que aclara que los adeudos no fueron cancelados, dado que esa no es una facultad del ejecutivo. De igual manera, confirma la administración Yunes que en el padrón de acreedores aparecen empresas fantasma y personas físicas que pretenden cobrar sin haber prestado servicio alguno. En pocas palabras, se habla de un intento de corrupción transexenal orquestado desde el gobierno de Duarte.

Afirma el Gobierno del Estado que el tema será revisado para pagar sólo a los proveedores y contratistas cuya liquidación se justifique. Por otro lado, adelanta que procederá penalmente contra quienes pretendan cobrar lo que el Gobierno no les debe.

Ese será el principal problema de este enredo, porque la revisión, factura por factura, podría llevar más tiempo del que los verdaderos empresarios están dispuestos a esperar.

Por otra parte, no se ve una solución diferente, si de lo que se trata es de impedir que ex funcionarios corruptos, empresas “fantasma” o empresarios fraudulentos sigan saqueando los recursos del gobierno estatal.

@luisromero85