#MiLanaNoEsMordaza

Naldy Rodríguez

Transparencia 3.0

La sentencia de la SCJN, emitida este miércoles 15 de noviembre en relación a un amparo de la organización Artículo 19, determinó que la omisión de expedir una ley reglamentaria para el gasto en Publicidad Oficial viola la libertad de expresión y de prensa. ¿Por qué?, porque “propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto” y se restringe la información.

“Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”, coincidieron cuatro de cinco magistrados que votaron a favor de ordenar al Congreso de la Unión que expida una ley en la que regule el gasto en publicidad.

En Veracruz, según el informe del Orfis de la Cuenta Pública 2016, se destinaron 2 mil 200 millones del gobierno estatal para promover su imagen; mientras que la legislatura estatal pasada destinó 47 millones de pesos al pago a medios de comunicación (televisoras, periódicos, radiodifusoras, revistas y portales de noticias) en tres años, presupuesto que se incrementó en un 100 por ciento en comparación con el Congreso anterior.

Efectivamente, con recursos públicos se paga publicidad oficial -se supone institucional, aunque en la mayoría de las ocasiones sirve para hacer propaganda personalizada-. Se beneficia a unos cuantos medios de comunicación, a los que hablan bonito del gobernante en turno y se castiga a los medios críticos o a los que difunden otra realidad.

Es decir, está falta de regulación se ha convertido en una “Ley mordaza”, porque se condiciona y ejerce de manera arbitraria el presupuesto de Comunicación Social. No es nada nuevo. Desde los gobiernos priístas se ha realizado, pero con la alternancia de partido ha continuado esta mala práctica.

Debo decir que los propietarios de los medios de comunicación, tampoco están acostumbrados a transparentar el presupuesto que reciben, porque eso significará que los va a fiscalizar el SAT y que sus trabajadores les podrán exigir mejores condiciones laborales y salariales.

Ahora el reto será elaborar ese reglamento antes del 30 de abril de 2018 para que los tres niveles de gobierno, los órganos autónomos y los poderes políticos puedan ejercer los recursos públicos destinados a la publicidad oficial con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” como establecieron los magistrados de la corte. Y que el gasto sirva para garantizar el derecho a la información de la población sobre políticas públicas y no para enaltecer o vanagloriar a los gobernantes.

Ya lo he escrito antes: reglas muy claras para evitar errores del pasado y para transitar a una transparencia real y no simulada.

Aquí gana la ciudadanía, no hay más…

Twitter @ydlan Transparencia3.0@hotmail.com