Irónica transparencia en Veracruz

Naldy Rodríguez / Imagen: Foto Jarocha

Transparencia 3.0

Bien reza el dicho “el que ríe a lo último, ríe mejor”. Solo basta tener paciencia. Así lo hizo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien esperó tres años para obtener una sentencia a su favor en materia de transparencia: la SJCN resolvió que es inconstitucional “reservar” la información sobre gastos en publicidad.

Es de destacar también que los magistrados advirtieron que los acuerdos de clasificación de información que impugnó el mandatario son un ejemplo claro de medidas legislativas que se alejan del derecho de acceso a la información, especialmente del principio de máxima publicidad.

Este miércoles, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo directo en revisión 6049/2014, en el que determinó que al “establecerse reservas de información de manera generalizada e indiscriminada de un cierto tipo de información gubernamental, se afectó gravemente el derecho constitucional de acceso a la información pública”. En su caso fue Comunicación Social, cuando estaba al frente de la dependencia Gina Domínguez Colio, hoy en la cárcel por desvío de recursos públicos.

En el 2013,  Yunes Linares solicitó la información detallada de la partida denominada “Difusión de Mensajes sobre Programas Gubernamentales”, respecto de los años 2010, 2011, 2012 y lo que iba de 2013. Sin embargo, como otros usuarios que lo solicitamos, se negó la información por estar clasificada como reservada.

El marco jurídico en México permite clasificar cierta información como “reservada” o “confidencial”. Cada dependencia, a través de un Comité, establece la modalidad de la información que tenga en su poder; pero se supone que en esa categoría solo deben ponerse los datos que pongan en riesgo la seguridad o economía nacional.

La razón esgrimida durante dos sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte para negar la información consistía en que se generaría una desventaja entre los propios medios de comunicación si se divulgaban los gastos originados por los servicios de promoción, publicidad y difusión de las acciones del Gobierno del Estado de Veracruz. Un absurdo, logicamente cuando sabemos que lo menos que había era un piso parejo y una distribución medianamente “justa” del gasto público desinado a publicidad.

El INAI y el IVAI, los órganos de transparencia –uno federal y otro estatal- tienen la facultad para echar abajo dichas reservas de la información que en muchas ocasiones realizan las dependencias o ayuntamientos, de manera arbitraria. Así lo hizo en noviembre de 2016, el instituto en Veracruz, desclasificó los gastos de comunicación social y ordenaron dar la información de la administración de Javier Duarte. Un año después, la resolución no se ha cumplido por parte del gobierno bienal que encabeza Yunes.

Lo irónico del tema es que ahora repiten la estrategia, se niegan a proporcionar la información –aunque medie resolución del IVAI- o mantienen la  clasificación de “reservado” para no entregar los datos que se piden.

La información solicitada  fue practicamente la misma que pidió Miguel Ángel Yunes en 2013. El gasto en publicidad desglosado por año, por tipo de medio (prensa, radio, televisión) y copias de los convenios.

Me congratula la resolución, garantista del “derecho constitucional” de acceso a la información… quiere decir también que vamos por buen camino, solo falta tener paciencia.

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