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    Naldy Rodríguez

    Transparencia 3.0

     

     

    Siete años transcurrieron de la última visita de los relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Veracruz para evaluar la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Con tristeza vemos que seguimos reprobados: espionaje, discriminación, corrupción y asesinatos.

    Esta semana presentaron el informe de la visita realizada a Veracruz y otras 20 entidades. En las observaciones preliminares concluyeron que “México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente” y que la violencia en contra de los periodistas es una de las más complejas.

    Y la transición en el gobierno, señalaron los relatores, “no ha eliminado la problemática y las prácticas intimidantes del pasado, como la expectativa de buena cobertura bajo publicidad oficial, que describe el aforismo: no pago para que me golpeen”.

    En Veracruz –al igual que en Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero– las autoridades estatales no pudieron informar sobre ningún avance en relación con los asesinatos de periodistas: Ricardo Monlui y Cándido Ríos. Y la omisión también es del gobierno federal.

    En el caso de nuestro estado, los relatores se reunieron con autoridades de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), que preside Ana Laura y Jorge Morales. ¿Habrán contado que no se garantiza el derecho de acceso a la información o que no avanzan las investigaciones para esclarecer los homicidios y agresiones a comunicadores en esta administración bienal? Esperemos y confiemos en que lo hicieron, congruentes con las denuncias que realizaron antes de ocupar los cargos que hoy ostentan y con el gran compromiso que tienen por el gremio y los veracruzanos.

    Para los relatores de la ONU y la CIDH es importante que los funcionarios públicos de los niveles más altos de gobierno cambien su discurso para promover los derechos de los periodistas, pues es una acción encaminada a su protección.

    La mayoría de las recomendaciones y propuestas –realizadas en dicho documento– fueron encaminadas a fortalecer o crear el marco normativo federal y estatal que mejore las condiciones de los periodistas como adoptar una ley de Publicidad oficial –que garantice la diversidad y pluralismo en los medios– o una de protección ante interferencias arbitrarias o clandestinas en su privacidad. Los diputados locales ya tienen tarea para las vacaciones decembrinas: analizar el informe parcial de la última visita de la ONU y la CIDH a Veracruz, para que emprendan las acciones necesarias. A veces se requiere sólo un poco de voluntad.

    Twitter @ydlan

    Transparencia3.0@hotmail.com

     

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