Silva, el miedo al desafuero

Luis Alberto Romero

Hora Cero

Pareciera que el diputado federal por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, señalado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos a su paso por la Coordinación de Comunicación Social, ha centrado su estrategia de defensa en la arena mediática.

El ex integrante del primer círculo del ex gobernador Javier Duarte intenta su defensa y por ello va de amparo en amparo. Primero solicita la protección de la justicia federal para impedir que se le investigue, para luego pedir que la Fiscalía General del Estado revele los nombres de las personas que atestiguan en su contra.

A Silva Ramos se le señala por presuntamente haber cometido un millonario desvío de recursos a su paso por Comunicación Social; de igual manera, se le menciona por ordenar pagos millonarios a empresas fantasma.

Quienes han seguido de cerca su caso nos comentan que las acciones legales que ha emprendido el legislador priista reflejan el miedo que tiene a que por la presión del proceso electoral, el gobierno federal decida sacar las manos del Congreso y dejar de retener el juicio de procedencia en su contra; en pocas palabras, teme que el desafuero se concrete.

Mientras tanto, con relación a la carpeta de investigación iniciada en su contra, Silva Ramos interpuso un amparo contra la supuesta negativa de la Fiscalía a otorgarle los nombres de los testigos que lo señalan como responsable del millonario desvío.

Lejos de obtener una protección definitiva, esos recursos legales permiten prolongar el proceso; el caso es que, contrario a lo que él mismo se ha  encargado de difundir a través de algunos medios informativos, a Silva no le otorgaron la suspensión, pues el acto que reclama simple y sencillamente no existe.

En realidad, el recurso legal de pedir los nombres de los testigos presentados en su caso obedecería, nos dicen, a un intento por generar miedo entre quienes declararon en su contra, como enviando el mensaje de que sabe que los que declararon son los mismos que lo hicieron contra la ex coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez, recluida en el penal de Pacho Viejo, quien de forma reciente exigió un careo con su denunciante, y que éste sea interrogado por su defensa.

Así, mientras la ex coordinadora pide un careo con la contraparte, Alberto Silva exige que se revelen los nombres de los testigos que declararon en su contra, como amenazando, de paso, con contrademandas millonarias por difamación, daño moral y falsos testimonios. Esa parece la estrategia de defensa de un personaje que hasta hace tres o cuatro años se encontraba en los cuernos de la luna política veracruzana.

Alberto Silva fue alcalde de Tuxpan, secretario de Desarrollo Social, coordinador de Comunicación Social y diputado federal durante el sexenio de Javier Duarte, con quien presumía una amistad digamos estrecha. De octubre de 2015 a enero de 2016 fue dirigente estatal del PRI, y en esa gestión la principal característica fue la virulenta confrontación con el entonces aspirante del PAN a la gubernatura del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, quien terminó por imponerse en las elecciones del año pasado.

Los días en que la suerte la sonreía a Silva Ramos parecen lejanos; no es más el funcionario consentido del gobernador del estado y la denuncia que se le sigue en la fiscalía veracruzana lo tiene en una situación vulnerable por haber sido parte de una cofradía que hoy se encuentra en desgracia política; por ello, el ex coordinador de Comunicación Social sabe perfectamente que el desafuero no es un escenario improbable.

En ese contexto, se observa muy difícil que el priismo nacional y las altas esferas del gobierno federal decidan protegerlo, dado el alto costo político que ello implicaría.

@luisromero85